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Política

Diputados finaliza receso y retoma sesiones

Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados. Foto: Gentileza.

Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados. Foto: Gentileza.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Raúl Latorre (ANR), determinó conformar con 12 puntos el orden del día de la sesión ordinaria prevista para el 4 de marzo próximo. La sesión, que será la primera ordinaria después del receso parlamentario, iniciará a las 09:00 horas.

A continuación una síntesis de los principales proyectos que serán desarrollados en la ocasión.

Objeciones del Ejecutivo

La plenaria de la Cámara de Diputados analizará objeciones del Poder Ejecutivo a dos proyectos de expropiación en los departamentos de Central y San Pedro.

El primero de ellos es la objeción total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley “Que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo – Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), el inmueble individualizado como parte de la finca N.º 17.223, padrón matriz N.º 12.547, lugar denominado reducto, del distrito de San Lorenzo, departamento Central, para su posterior transferencia a título oneroso a sus actuales ocupantes del asentamiento ‘San Miguel’”.

El Poder Ejecutivo aduce que el MUVH se expidió en el sentido de no acompañar el proyecto de ley atendiendo que “el valor de la propiedad, resultante de la tasación inmobiliaria, supera ampliamente los parámetros de interés social”. Señala, igualmente, que el inmueble no sería idóneo para el cumplimiento de los fines misionales de la institución rectora.

En primera instancia, la Cámara de Senadores ya aceptó la objeción total del Poder ejecutivo.

La segunda objeción a ser analizada es el “Que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo – Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, a los fines de la reforma agraria, para ser transferidos a título oneroso a sus actuales ocupantes, los inmuebles individualizados como fincas N.º 463, 476, 477, 478, 479, 480, 482 y 483, todas del distrito de General Resquín, del departamento de San Pedro, lugar denominado Naranjito”.

En este caso, el Poder Ejecutivo indica que la falta de títulos de propiedad de las parcelas afectadas por este proyecto de expropiación ha obstaculizado la realización de los estudios necesarios de verificación.

Añade que también ha dificultado la ejecución de estos estudios en el terreno y el entendimiento completo de la situación jurídica de las parcelas que se desean expropiar, algunas de las cuales ya tienen títulos definitivos emitidos por la propia autoridad de aplicación.

Como el caso anterior, la Cámara de Senadores también ya aceptó la objeción del Ejecutivo.

Gestiones

El orden del día de la sesión ordinaria próxima de la Cámara de Diputados, por otro lado, prevé el estudio del proyecto de ley “Que modifica el artículo 4° de la Ley N.º 6783/21, Que crea los juzgados, tribunales de primera instancia y defensorías públicas de la ciudad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú”.

La modificación propuesta tiene como objetivo principal optimizar la gestión jurisdiccional de los nuevos juzgados creados recientemente en la ciudad de J. Eulogio Estigarribia, de manera a evitar el colapso administrativo en el proceso de transición hacia los nuevos juzgados, según la exposición de motivos.

Agrega que la transferencia inmediata de los expedientes judiciales a los nuevos juzgados podría entorpecer la administración de justicia.

En el documento se explica además que, actualmente, los juzgados de Caaguazú operan con un sistema electrónico de gestión de expedientes, mientras que los nuevos juzgados de la ciudad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia aún no cuentan con esta infraestructura tecnológica.

Esta disposición busca también asegurar que los juicios orales sean llevados a cabo, exclusivamente, en la nueva sede, cumpliendo con el Código Procesal Penal”, según el documento.

Con esta propuesta, según el documento, se busca mejorar la eficiencia del sistema judicial en Caaguazú, promoviendo una transición ordenada hacia los nuevos juzgados y garantizando que la ley cumpla su propósito de acercar la justicia a la ciudadanía.

Juzgados de Asunción

La Cámara de Diputados también tiene proyectado analizar en su sesión ordinaria próxima, el proyecto de ley “Que crea nuevos juzgados de Paz para la Circunscripción Judicial del Distrito Capital en Asunción”.

Se trata de un proyecto de ley que busca crear 14 nuevos juzgados de paz en Asunción, con el objetivo de descongestionar el sistema actual que se encuentra “colapsado y en altísima morosidad jurisdiccional”, según la exposición de motivos.

La iniciativa propone distribuir los nuevos juzgados entre las siete parroquias capitalinas existentes: Catedral, Encarnación, San Roque, Recoleta, Villa Morra, Santísima Trinidad y Zeballos Cué.

Cada parroquia recibiría dos nuevos juzgados adicionales, según la propuesta.

En la exposición de motivos se señala que la Justicia de Paz en Asunción no ha experimentado una variación positiva en su estructura y capital humano desde su creación, pese a que atiende a más de 520.000 habitantes, equivalente al 7% de la población nacional.

Esta situación se agravó con la vigencia de la Ley 6059/18, que amplió las funciones de estos juzgados, asegura el escrito de presentación.

Como medida innovadora, el proyecto establece que durante el primer año de funcionamiento, los nuevos juzgados atenderán, exclusivamente, las causas nuevas, mientras que los actuales se dedicarán a resolver los casos pendientes, salvo situaciones excepcionales como excusaciones judiciales.

Los juzgados de Paz tienen competencia multifuero, lo que significa que atienden casos civiles, comerciales, laborales, penales, de niñez y adolescencia, e incluso electorales.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Recaudaciones

Otro de los temas a ser abordados por la Cámara de Diputados en ocasión de la sesión ordinaria del próximo martes, es el proyecto de ley “Que modifica el artículo 17 de la Ley N.º 7143/23 – Que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)”. Esta iniciativa busca fortalecer los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad fiscal en la gestión de los recursos públicos, según el documento.

En esencia, la propuesta plantea que todos los ingresos que financian el funcionamiento operativo de la DNIT, sean destinados, directamente, a las arcas del Estado y que sea, exclusivamente, el Presupuesto General de la Nación el que financie su funcionamiento.

Esto teniendo en cuenta que la normativa vigente permite que la DNIT integre su actual presupuesto con porcentajes de la recaudación de diferentes multas aplicadas por la Administración Nacional de Aduanas, que a criterio de los proyectistas genera riesgos de discrecionalidad y de conflicto de intereses.

Argumentan, por otro lado, que los recursos tributarios son propiedad del pueblo y deben ser administrados de manera equitativa para financiar las prioridades del Estado.

Protección de datos

La plenaria de la Cámara de Diputados, igualmente, prevé el análisis del proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. En esencia se va a proseguir con el estudio, en particular, teniendo en consideración que ya cuenta con la aprobación, en general, del documento.

El presente proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales la República del Paraguay es parte.

El texto, recordemos, cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública; entre otros.

Cabe recordar que dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.

El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional.

Exoneración

La Cámara de Diputados, igualmente, abordará el proyecto de ley “De exoneración del costo de peaje al tránsito automotor en relación a los pobladores de San Bernardino, Altos, y Nueva Colombia, del departamento de Cordillera”.

Con esta iniciativa, según la exposición de motivos, se busca promover el desarrollo local, regional, económico y social de los pueblos, sobre todo de aquellos que necesitan una mayor atención por sus características socioeconómicas y que, por razones de traslado diario de sus habitantes hacia la capital, se hallan afectados por el pago del peaje en la Estación Ecovía – Tramo Luque-San Bernardino.

El documento explica que “los pobladores de las diferentes comunidades de San Bernardino, Altos y Nueva Colombia, dedicados a múltiples actividades que van desde lo agrícola, lo cotidiano, lo comercial y lo laboral, deben trasladarse diariamente hacia la capital, al efecto de desarrollar sus obligaciones, por lo que urge exonerar el costo del peaje”.

Explica, además, que esta situación afecta a estudiantes, productores, comerciantes y trabajadores en general, cuyos traslados y posterior regreso a sus comunidades de residencia, se encarecen de manera importante por los costos del peaje.

Se encuentra en su tercer trámite constitucional. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto fue rechazado por la Cámara de Senadores.

Adopción

El orden del día de la sesión ordinaria también incluye el estudio del proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 255 de la Ley N.º 1183/1985, Código Civil Paraguayo (adopción de adultos mayores)”.

El proyecto busca reglamentar la adopción de personas mayores de edad con capacidad de hecho, argumentándose que varias legislaciones de Latinoamérica y España ya regulan esta práctica con ciertas condiciones. Se mencionan ejemplos de países como Perú, Argentina, Guatemala, Colombia, España y Venezuela, que contemplan excepciones para la adopción de adultos, generalmente, cuando existe una relación previa de cuidado o parentesco.

El proyecto propone que la adopción de adultos requiera el consentimiento del adoptado y el adoptante, homologado por un juzgado y establece que se otorgarán los mismos efectos jurídicos que la adopción de menores, incluyendo el establecimiento de parentesco, el cambio de apellidos y derechos hereditarios.

Además, estipula requisitos como la solvencia moral del adoptante, una diferencia de edad mínima y el consentimiento del cónyuge o conviviente del adoptante si aplica.

El objetivo es actualizar la legislación paraguaya para reconocer esta realidad social y brindar una base legal a estas relaciones de filiación.

Capacidades

Otro de los documentos a ser analizados por el plenario de Diputados es un proyecto de ley que busca establecer mecanismos para la identificación, inscripción y asistencia de estudiantes con altas capacidades intelectuales en el sistema educativo paraguayo, tanto en instituciones públicas como privadas y privadas subvencionadas.

La iniciativa, cuyo acápite oficial es “Que dispone la identificación, inscripción y asistencia, en la educación básica y superior, de los estudiantes con altas capacidades”, propone la creación de centros educativos especializados en altas capacidades, bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que funcionará como autoridad de aplicación.

Establece que estos centros contarán con equipos técnicos integrados por psicólogos, psicopedagogos y especialistas en educación con énfasis en altas capacidades.

El proyecto establece que las instituciones educativas deberán realizar, al menos, un test anual para identificar a alumnos que “manejan y relacionan de manera simultánea y eficaz múltiples recursos cognitivos diferentes, de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo”, según define el texto.

En la exposición de motivos se señala que el concepto de alta capacidad ha evolucionado desde su inicial asociación con el alto rendimiento académico y el Cociente Intelectual (CI) elevado, hasta considerarse, actualmente, como “un potencial a desarrollar”. Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera “superdotada” a una persona con CI igual o superior a 130, el proyecto adopta un enfoque más amplio y multidimensional.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

Microbiota

La plenaria de la Cámara de Diputados también considerará, en ocasión de su sesión ordinaria, el proyecto de ley “Que declara el 2 de mayo como el ‘Día Nacional de la Microbiota’”, con el objetivo de promover la educación, la investigación y la concienciación sobre la importancia de la microbiota en la salud humana.

La microbiota es definida en el proyecto como el conjunto de bacterias que colonizan la piel, el aparato digestivo, incluida la boca, y el aparato genital. Su importancia radica en que es una barrera que protege al organismo, entre otras cosas, de: microorganismos patógenos, sustancias carcinógenas, metales tóxicos, químicos nocivos presentes en el ambiente y partículas de polvo y suciedad, entre otros.

El proyecto exhorta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencias y otros organismos e instituciones pertinentes, a organizar, fomentar y difundir actividades educativas, científicas y de concienciación a nivel nacional en el marco de la conmemoración del “Día Nacional de la Microbiota”.

Establece, igualmente, que el Poder Ejecutivo, a través de las instituciones competentes, establecerá las acciones necesarias para la promoción y celebración de este día, asegurando la participación activa de instituciones educativas, centros de investigación, entidades de salud y la sociedad en general.

Se encuentra en su primer trámite constitucional.

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