Gobierno no cederá en peajes

El Gobierno reafirmó su postura de no dar marcha atrás con el aumento de las tasas de peaje en varias rutas del país, una medida que ha desatado una ola de protestas en diferentes regiones y generado un amplio rechazo ciudadano. En medio de una crisis económica que ya golpea fuertemente a los paraguayos, los nuevos precios han significado un duro golpe a los bolsillos de los trabajadores, transportistas y residentes cercanos a los puestos de cobro. La ciudadanía continúa movilizándose contra los incrementos, mientras el Congreso busca alternativas legislativas para mitigar el impacto económico.

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, dejó claro durante una reunión con legisladores y autoridades locales que su cartera no retrocederá en esta decisión. Aunque reconoció las inquietudes ciudadanas, instó a los parlamentarios a buscar soluciones legislativas que permitan abordar las demandas, asegurando que el Ministerio proporcionará la documentación necesaria para facilitar el debate.

El aumento y sus consecuencias

El conflicto se agudizó con el inicio de enero, cuando el MOPC implementó subas en los peajes de tres de los 16 puestos que administra, incluyendo el de Ecovía (Luque-San Bernardino). En Itapúa, la decisión de trasladar el peaje de Coronel Bogado hacia la zona entre General Delgado y San Ramón también generó fuertes críticas.

Las protestas no se han hecho esperar. En Remansito, Villa Hayes, los pobladores rechazan el aumento en el peaje del Puente Remanso, argumentando que las tarifas ahora se equiparan con las del Puente Héroes del Chaco, pese a que la infraestructura vial en la zona se encuentra en un estado precario.

Sylvia Villalba, una de las manifestantes, destacó la urgencia de mejorar las conexiones viales: “Prácticamente, está terminando su ciclo de vida. Las cabeceras de los puentes están urbanizadas y requieren soluciones más acordes a la realidad actual”.

“El que más usa, es el que más paga”

El presidente Santiago Peña defendió la lógica de los aumentos, argumentando que el pago por uso de las rutas es esencial para su mantenimiento y mejora. Peña aseguró que el traslado del peaje en Coronel Bogado y otras medidas buscan aliviar la carga en áreas urbanas, pero dejó claro que la prioridad es mejorar la seguridad vial y reducir los elevados índices de accidentes en las rutas nacionales.

Por su parte, el diputado Francisco Petersen respaldó los incrementos y señaló que la población debe asumir el costo del mantenimiento de las carreteras. “Estamos acostumbrados a que nos subvencionen todo. Las rutas están nuevas y en condiciones; esto amerita el pago”, declaró.

El Congreso como última esperanza

Mientras el Gobierno mantiene su posición, el Congreso Nacional se perfila como el escenario clave para buscar alternativas que equilibren las pretensiones oficiales con las demandas ciudadanas. La diputada Rocío Vallejo (PQ) adelantó que trabajarán en una propuesta legislativa que contemple excepciones para los pobladores locales, especialmente en casos como el de Ypacaraí, donde ya existe una disposición en el Presupuesto General de la Nación.

En la reunión con la ministra Centurión participaron otros legisladores, intendentes y gobernadores, quienes coincidieron en la necesidad de encontrar soluciones que no carguen excesivamente a los sectores más humildes. Sin embargo, la falta de flexibilidad por parte del Ejecutivo deja pocas opciones en el corto plazo.

La resistencia ciudadana continúa

A pesar de los esfuerzos por justificar los aumentos, la ciudadanía sigue en pie de guerra. Las movilizaciones en Ecovía, Remanso y Coronel Bogado son apenas un reflejo del creciente malestar en el país. Los manifestantes no solo exigen la reducción de las tarifas, sino también una mejora sustancial en la infraestructura vial, argumentando que los peajes no han contribuido al desarrollo esperado en sus comunidades.

En un contexto de incertidumbre económica, el conflicto por los peajes se ha convertido en un símbolo del desgaste entre el Gobierno y los ciudadanos. Mientras las autoridades avanzan con sus planes, la resistencia no cede, y el debate en el Congreso será crucial para definir el rumbo de una de las problemáticas más sensibles del momento.