Tren de cercanías verá hoy la sanción en Diputados

La Cámara de Diputados, presidida por Raúl Latorre (ANR, HC), analizará hoy en su sesión ordinaria un controvertido proyecto de ley que busca viabilizar el tren de cercanías, con una inversión proyectada de 600 millones de dólares. Sin embargo, el plan normativo genera alarma por las amplias concesiones y libertades que otorga al Poder Ejecutivo y a Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa), dejando en jaque importantes regulaciones y controles financieros del Estado.

Evadiendo leyes y controles

El proyecto propone que Fepasa pueda operar fuera del marco de leyes clave como la de contrataciones públicas, la de alianzas público-privadas (APP), la de concesiones y, de manera aún más grave, la Ley Nº 1535 de administración financiera del Estado. Esto significa que el proceso para construir, operar y mantener el ferrocarril quedaría al margen de normativas diseñadas para garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.

Además, el texto habilita al Ejecutivo a constituir fideicomisos sin mayores restricciones, con el propósito de asumir compromisos millonarios a largo plazo. Esto abre la puerta a un esquema financiero riesgoso, donde el Estado no solo aporta una “ayuda” inicial de 150 millones de dólares, sino que también carga con las responsabilidades de pago en caso de incumplimientos o controversias contractuales.

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Un modelo de financiación desigual

La estrategia presentada beneficia desproporcionadamente al sector privado. Según el proyecto, de los 600 millones de dólares necesarios para el tren eléctrico, el Estado asumiría el 25% inicial, dejando al socio privado la tarea de conseguir los 450 millones restantes. Sin embargo, los riesgos financieros recaerían mayormente sobre el Estado, al comprometer recursos futuros para garantizar la rentabilidad del proyecto a través de un fideicomiso.

Esta dinámica refleja un esquema de “socialización de pérdidas y privatización de ganancias”, donde el sector público asume riesgos y el privado asegura sus beneficios. Tal enfoque no solo plantea dudas sobre la justicia del modelo, sino también sobre su viabilidad a largo plazo para las finanzas estatales.

Transparencia en riesgo

Al exonerar a Fepasa de cumplir con las leyes de contrataciones públicas y otras normativas clave, se debilitan las barreras contra la corrupción. Los contratos multimillonarios del tren de cercanías podrían ser adjudicados sin los procesos competitivos y fiscalizados que garantizan equidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Además, el proyecto carece de mecanismos claros para la rendición de cuentas. La posibilidad de que los costos derivados de controversias contractuales también sean asumidos por el Estado refuerza la preocupación de que los contribuyentes sean quienes finalmente paguen los platos rotos en caso de mal manejo o conflictos legales.