Aumento salarial de legisladores: golpe a los paraguayos

El reciente aumento de G. 6 millones mensuales para los legisladores, aprobado como parte de sus gastos de representación, ha generado indignación en un país donde la mayoría de los ciudadanos enfrenta serias dificultades económicas y carece de acceso a servicios públicos de calidad. Este incremento eleva los ingresos de los parlamentarios a G. 38 millones mensuales, una cifra que contrasta brutalmente con la realidad de millones de paraguayos.

La economía de los paraguayos: salarios bajos y pocas oportunidades

En Paraguay, el salario mínimo es de G. 2.686.783 mensuales, mientras que más del 40% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos trabajadores no solo perciben ingresos inferiores al salario mínimo, sino que carecen de acceso a la seguridad social y otros beneficios laborales básicos.

Además, la inflación acumulada de los últimos años ha elevado el costo de la canasta básica familiar a más de G. 3.200.000, superando los ingresos mínimos de gran parte de las familias. Esto significa que muchos hogares deben recurrir a préstamos informales o trabajo adicional para cubrir necesidades esenciales como alimentación, vivienda y educación.

En zonas rurales, donde reside el 37% de la población, la situación es aún más crítica. Las oportunidades de empleo son limitadas, y los ingresos promedios suelen ser significativamente más bajos que en las áreas urbanas.

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Servicios públicos en crisis

A estas dificultades económicas se suma el estado deplorable de los servicios públicos, particularmente en salud y educación:

Salud pública: Más del 70% de la población depende del sistema público de salud, que enfrenta una crónica falta de insumos, infraestructura insuficiente y largas esperas para acceder a servicios básicos. Mientras tanto, el presupuesto para la salud apenas alcanza para cubrir las necesidades mínimas, dejando a muchos paraguayos sin acceso a tratamientos esenciales.

Educación: Las escuelas públicas, especialmente en zonas rurales, sufren de precariedad en infraestructura, falta de docentes capacitados y escasos recursos educativos. Según datos del Ministerio de Educación, cerca del 30% de las escuelas tienen problemas estructurales graves, lo que pone en riesgo la seguridad de los estudiantes.

Transporte e infraestructura: Los problemas en el sistema de transporte público y el mal estado de las carreteras dificultan la movilidad y limitan las oportunidades económicas, especialmente en las comunidades más alejadas.

La brecha entre legisladores y ciudadanos

Con el aumento aprobado, cada legislador ganará en un mes lo que un trabajador con salario mínimo tardaría casi tres años en obtener. Además de su salario base, los parlamentarios ya disfrutan de beneficios adicionales como bonificaciones, seguros médicos vips y viáticos, privilegios que son impensables para el ciudadano promedio.

Mientras tanto, los presupuestos destinados a programas sociales, subsidios para personas en situación de pobreza y proyectos de infraestructura básica han sido limitados en el Presupuesto General de la Nación 2025, aprobado recientemente por el Congreso.

Reacciones y demandas ciudadanas

La aprobación del aumento salarial ha provocado una ola de protestas y críticas de diversos sectores de la sociedad. Organizaciones sociales, gremios y ciudadanos han señalado que este incremento no solo es injusto, sino también insensible en un contexto de creciente desigualdad y precariedad económica.

“La clase trabajadora está siendo abandonada por sus representantes. Necesitamos políticas que beneficien al pueblo, no a quienes ya gozan de privilegios”, expresó un líder sindical durante una manifestación en Asunción.