Ley ONG afectará imagen de Paraguay para inversionistas, advierte Financial Times

El prestigioso medio británico del ámbito económico, Financial Times, publicó un artículo titulado “Líder proempresarial de Paraguay es instado a vetar ley de ‘mancha negra’”, en el que se analiza la presión que enfrenta el presidente Santiago Peña por parte de inversores y diplomáticos para que vete una controvertida ley. La propuesta legislativa, respaldada por su aliado y patrocinador político Horacio Cartes, busca aumentar el control gubernamental sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Paraguay.

Peña, quien asumió el cargo en 2023 y ha promovido políticas favorables a la inversión extranjera, se enfrenta a una difícil disyuntiva en la que debe elegir entre la presión internacional y el respaldo de su partido, el Partido Colorado. Esta ley, aprobada por el Congreso paraguayo el mes pasado, ha sido señalada por críticos como una herramienta para reprimir a los opositores del Partido Colorado y su líder, el empresario y expresidente Cartes. En julio, Cartes declaró su apoyo a una mayor supervisión de las ONG, argumentando que “no hay que temer el monitoreo si se hacen las cosas bien”. Sin embargo, en 2022, Estados Unidos sancionó a Cartes bajo acusaciones de “corrupción significativa” y de sobornar a legisladores; Cartes ha negado estas acusaciones, atribuyéndolas a motivaciones políticas.

De acuerdo con el Partido Colorado, la ley es necesaria para combatir el lavado de dinero y la interferencia extranjera. La normativa exigiría a las organizaciones informar en detalle sobre su financiamiento y su personal, además de facultar a las autoridades para suspender temporalmente a las ONG o bloquear sus pagos. Sin embargo, grupos empresariales, embajadas extranjeras y la ONU han instado a Peña a vetarla, señalando que debilitaría las instituciones y el Estado de derecho, afectando así la imagen de Paraguay entre los inversores internacionales.

La agencia calificadora Fitch citó esta ley y la “débil gobernanza” de Paraguay como factores en su decisión de no elevar la calificación crediticia del país al nivel de grado de inversión, uno de los objetivos clave de la administración de Peña.

El presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, Peter Hansen, describió la ley como “una intrusión en las organizaciones privadas y los flujos de dinero privados”, calificándola de “una mancha negra en la imagen de Paraguay para los inversores extranjeros”.

A pesar de las críticas, analistas advierten que vetar la ley podría representar un riesgo político para Peña, quien no cuenta con una base legislativa propia y depende del respaldo de Cartes y del Partido Colorado. Sebastián Acha, fundador del think-tank Pro Desarrollo Paraguay, expresó: “Peña se encuentra en una encrucijada entre sus amigos en Wall Street y su partido. Sabe lo que debería hacer en cuanto a temas institucionales, económicos y democráticos, pero si lo hace tendrá problemas internos”.

En agosto, Peña defendió la ley ante el Financial Times como “un mecanismo para la transparencia”. La Constitución paraguaya otorga al presidente 20 días hábiles desde la recepción de un proyecto de ley para vetarlo o promulgarlo; de lo contrario, se convierte automáticamente en ley. Esta semana, un legislador colorado afirmó que la entrega de la ley se retrasó por un “error administrativo”.

Peña introdujo modificaciones para reducir el alcance del proyecto, excluyendo a algunos grupos como partidos políticos e iglesias. Sin embargo, Hugo Valiente, coordinador legal de Amnistía Internacional en Paraguay, afirmó que estos cambios no alteran la esencia de la ley, advirtiendo que esta se usará para sancionar a las organizaciones más visibles, generando un “efecto disuasivo” contra la crítica al gobierno.

Grupos de la sociedad civil también manifestaron su preocupación, argumentando que la ley afectaría el trabajo de organizaciones locales que combaten la corrupción en Paraguay —una situación que Transparencia Internacional considera “sistémica”— y de aquellas que reciben fondos de donantes extranjeros, como Estados Unidos y la Unión Europea.

La relación de Paraguay con los gobiernos occidentales se ha visto afectada no solo por las sanciones de Estados Unidos, sino también por la oposición del Partido Colorado a un programa educativo financiado por la UE que promueve derechos LGBTQ+ en un país profundamente conservador.