Analizarán propuesta para suprimir seguro médico vip de legisladores

En el Congreso Nacional se presentó un proyecto de ley que propone la eliminación de los seguros médicos privados financiados con fondos públicos para funcionarios estatales. La iniciativa, liderada por el senador Eduardo Nakayama, del Partido Independiente, y respaldada por varios parlamentarios de la oposición y del Partido Colorado, busca redirigir los recursos asignados a estos seguros hacia un uso más equitativo y acorde con las disposiciones constitucionales.

El proyecto de ley, titulado “De eliminación de seguros médicos privados para funcionarios públicos del Estado”, expone que actualmente se destinan alrededor de 110 millones de dólares anuales al pago de seguros privados exclusivos para algunos funcionarios públicos, lo que representa una inversión que beneficia a solo el 1% de la población del país. Según los legisladores, esta práctica no solo es inconstitucional, sino que también genera una desigualdad en el acceso a los servicios de salud y a la seguridad social.

La Constitución y la seguridad social para todos

El documento de la propuesta destaca el artículo 88 de la Constitución Nacional, el cual establece que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la seguridad social, incluyendo el acceso a servicios de salud adecuados. Los legisladores argumentan que la existencia de seguros privados financiados con fondos estatales para ciertos funcionarios contradice este principio constitucional al crear una “estructura de derechos diferenciados”, es decir, un sistema que privilegia a un grupo pequeño de personas en detrimento de la población en general.

Inequidad y derechos diferenciados dentro del Estado

Los proponentes del proyecto sostienen que el uso de fondos públicos para financiar seguros privados exclusivos para funcionarios públicos fomenta la inequidad. Esto crea una discriminación no solo hacia los ciudadanos comunes que no gozan de estos beneficios, sino también hacia los propios empleados públicos que no están incluidos en esta política. Al respecto, el proyecto subraya que esta situación va en contra del ideal de equidad en el acceso a la seguridad social, en tanto consolida un sistema que favorece a una minoría dentro del propio aparato estatal.

La iniciativa, de ser aprobada, implicaría un cambio estructural en la manera en que el Estado gestiona los recursos destinados a la salud de sus funcionarios, obligando a que estos accedan a los servicios de salud provistos por el sistema público.