CBI pide prórroga para continuar “indagaciones”

La comisión conocida como “garrote” del Congreso aprobó ayer la solicitud de ampliación de su mandato, que vencerá el próximo 18 de noviembre, por un período adicional de 60 días hábiles. Esta comisión, que se destaca por su postura de escrutinio hacia las organizaciones y sectores críticos del gobierno de Santiago Peña, argumenta que necesita más tiempo para llevar a cabo su investigación y continuar con las acciones que consideran necesarias para resguardar la seguridad del país.

El pedido de extensión del mandato, para ser efectivo, deberá ser aprobado por ambas cámaras del Congreso. Dada la actual mayoría cartista, se prevé que esta solicitud contará con el respaldo necesario para su aprobación.

Uno de los puntos más relevantes y controvertidos de esta extensión es la decisión de la comisión de exigir, por vía judicial, la entrega de documentación privada perteneciente a varias organizaciones no gubernamentales (ONG). Para llevar a cabo esta acción, la comisión solicitó al asesor jurídico de la Cámara Alta, Emilio Camacho, que realice los procedimientos legales pertinentes para acceder a información confidencial de dichas entidades.

Esta medida genera preocupación y fuertes críticas de parte de sectores opositores y organizaciones de la sociedad civil, que consideran que la comisión podría estar extralimitándose en sus funciones y vulnerando el derecho a la privacidad y la libertad de asociación. Según miembros de la comisión, sin embargo, esta solicitud es necesaria para profundizar la investigación de actividades que, a su criterio, afectan la seguridad nacional y el orden público.

Ampliación de mandato: herramienta de control o persecución

La solicitud de extensión del mandato, impulsada principalmente por miembros cartistas, pone de relieve la creciente tensión en el Congreso en torno a las investigaciones de la comisión “garrote” y el uso de sus atribuciones para cuestionar a organizaciones que consideran críticas al gobierno actual. La decisión de ampliar su mandato fue vista por varios sectores como una estrategia de presión sobre los opositores al cartismo, y en especial a aquellos que denuncian acciones del gobierno de Santiago Peña que consideran autoritarias o contrarias a los derechos ciudadanos.

Con esta extensión, la comisión “garrote” se encamina a fortalecer su actuación y redoblar las medidas contra actores sociales y grupos que percibe como adversarios. Para algunos analistas, este tipo de decisiones podría erosionar aún más la confianza en las instituciones públicas y establecer un precedente sobre el uso del poder legislativo para silenciar o intimidar a sectores de la sociedad civil.

El desenlace de esta solicitud de ampliación será clave para determinar el rumbo de la comisión y el tipo de medidas que podrá implementar durante los próximos meses. Mientras tanto, este movimiento abre nuevamente el debate sobre el rol de las instituciones en Paraguay, la transparencia y el respeto a los derechos de los ciudadanos frente a los intereses de las autoridades.