Estudian proyecto que establece seguro médico del IPS para funcionarios legislativos

La Comisión de Salud Pública, presidida por el diputado Miguel Ángel Del Puerto (ANR), analizó el proyecto de ley “Que establece un régimen especial de seguro social a funcionarios jubilados de la Honorable Cámara de Diputados y autoriza su incorporación al sistema de salud del Instituto de Previsión Social”.

El órgano asesor decidió solicitar un informe al Consejo de Administración del IPS, a modo de tener mayor información sobre los alcances y beneficios de este proyecto, según informó el diputado Del Puerto.

“Este proyecto tiene como objetivo establecer un régimen especial de seguro social de salud, a través del Instituto de Previsión Social, para los funcionarios que se hayan acogido a la jubilación y que hayan prestado servicios en el Poder Legislativo”, explicó el parlamentario, quien también es firmante y proyectista del documento.

La iniciativa establece que los recursos con que contará el Instituto de Previsión Social, provendrán del aporte que deberá realizar el funcionario jubilado equivalente a un 9.5% sobre el monto percibido de la jubilación, y el 3% del monto percibido por los funcionarios activos.

“Es importante mencionar que este será un beneficio para los funcionarios que ya se hayan acogido a la jubilación y como todos saben, una vez jubilado, los funcionarios ya no cuentan con seguro médico”, enfatizó.

En ese sentido mencionó que el beneficio habla única y exclusivamente de un régimen de seguro médico, no así del beneficio de jubilación con que cuenta el IPS.

Una vez obtenido el informe solicitado al Consejo del IPS, la comisión asesora estará en condiciones de dictaminar el proyecto, según indicó.

“Con esta iniciativa, los funcionarios jubilados se beneficiarán de la atención a la salud, y el Instituto de Previsión Social podrá elevar sus recursos para el mejoramiento de los servicios que ofrece, a través de los nuevos aportes”, detalló.

Finalmente mencionó que es una iniciativa loable que permitirá que “el Estado paraguayo brinde gradualmente respuesta a las necesidades de bienestar de la población”.