Congreso debe decidir sobre retorno de beneficios

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso está revisando los detalles del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, un proceso que ha estado marcado por la controversia. Uno de los temas más debatidos es la posible reactivación de beneficios exclusivos para legisladores, como el seguro médico VIP y los vales de combustible, los cuales fueron eliminados en años recientes. Este cambio implicaría una carga significativa para el presupuesto público, además de provocar reacciones de descontento en la ciudadanía.

Entre quienes defienden la reactivación de estos beneficios se encuentra el senador colorado Derlis Maidana, quien -en contacto con El Nacional– ha argumentado que tanto el seguro médico VIP como los vales de combustible representan un “derecho adquirido” para los legisladores. Maidana señala que estos beneficios fueron establecidos como parte de las condiciones laborales al asumir sus cargos, y que la eliminación de los mismos, ocurrida en el contexto de las medidas de austeridad adoptadas en la pandemia, ha sido injusta para aquellos que, según él, cuentan con estos beneficios como complemento a su salario y sus funciones.

Para Maidana, estos beneficios no solo cubren necesidades laborales, sino que también ayudan a los legisladores a cumplir con las demandas de su cargo, las cuales incluyen desplazamientos frecuentes y el manejo de situaciones que pueden afectar su salud.

“El trabajo de un legislador requiere disponibilidad permanente, lo que implica una carga emocional y física significativa”, subrayó el senador. En su opinión, el acceso a un seguro médico de calidad y el reembolso de gastos de movilidad mediante los vales de combustible son formas de compensación legítimas que contribuyen a que los legisladores puedan ejercer sus funciones con tranquilidad.

Asimismo, Maidana enfatiza que la eliminación de estos beneficios vulnera los “derechos laborales” que poseen los legisladores, derechos que, según él, deberían protegerse como cualquier otro derecho de los funcionarios públicos.

Asegura que el retorno de estos beneficios no es una mera solicitud de privilegios, sino una cuestión de equidad, al considerar que en otros sectores del Estado se han mantenido sistemas de seguros y ayudas adicionales mediante licitaciones. “Si otros funcionarios pueden tener estas garantías, ¿por qué no los legisladores?”, cuestiona, aludiendo a que todos los servidores del Estado deberían contar con las mismas condiciones y beneficios, especialmente en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, Maidana destaca que los legisladores también tienen compromisos importantes fuera de la capital, lo que aumenta sus gastos en combustible y transporte. “Estos recursos nos permiten acercarnos a nuestras bases y cumplir con nuestras responsabilidades en todo el país”, declaró, defendiendo el vale de combustible como una herramienta que les facilita trabajar en beneficio de la ciudadanía.

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Liderazgo en la Comisión Bicameral de Presupuesto

La comisión que analiza el presupuesto está encabezada por la diputada Cristina Villalba (ANR, HC) como presidenta y el senador Silvio Ovelar (ANR, HC) como vicepresidente. Los parlamentarios Néstor Castellano (ANR, HC) y Dionisio Amarilla (exPLRA) actúan como relatores. Esta comisión está compuesta por 52 miembros: 25 senadores y 27 diputados, quienes tienen la responsabilidad de ajustar y aprobar el proyecto de presupuesto para el próximo año.

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Modificaciones para excepciones a la Ley de Racionalización del Gasto Público

Durante las últimas sesiones, se discutió la posibilidad de realizar cambios al texto del presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, con el fin de exceptuar ciertas disposiciones establecidas por las leyes N° 6622/20 y N° 6.954/22. Estas leyes fueron creadas en años recientes para reducir los gastos del Estado, específicamente en tiempos de pandemia, y eliminaban beneficios como el seguro médico VIP y los vales de combustible para legisladores.

La ley N° 6622/20, promulgada en 2020, fue una medida que buscó recortar los beneficios de alto costo en el marco de la emergencia sanitaria del Covid-19. De igual manera, la ley N° 6.954/22 estableció la prohibición de los vales de combustible para los legisladores, ambos en un intento de racionalizar el gasto público. Ahora, varios legisladores estarían promoviendo modificaciones al proyecto de presupuesto para hacer excepciones a estas leyes, lo que significaría un retorno de estos beneficios.

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La sesión final y la interrupción de la transmisión

El tema fue introducido en el tramo final de la última sesión de la Comisión Bicameral, y curiosamente, la transmisión de la sesión fue cortada en ese momento. Esto ha despertado sospechas y críticas, ya que se trataba de una discusión de alto interés para la ciudadanía. La falta de transparencia en el tratamiento de este punto ha generado aún más cuestionamientos sobre el manejo del presupuesto y los intereses de los legisladores en beneficio propio.

Costos millonarios para el Estado paraguayo

Restablecer estos beneficios tendría un alto costo para el presupuesto público. El seguro médico VIP para los 80 diputados y 45 senadores costaría aproximadamente G. 150 millones al mes, lo cual se traduce en alrededor de G. 1.800 millones anuales. En cuanto a los vales de combustible, con un monto mensual de G. 5 millones para cada uno de los 125 legisladores, el gasto total anual ascendería a G. 7.500 millones. En suma, ambos beneficios representarían una erogación de G. 9.300 millones anuales.

Si bien el seguro VIP fue eliminado para los legisladores en 2020 como parte de las medidas de austeridad, los funcionarios públicos y las entidades estatales continúan beneficiándose de contratos de seguro de salud mediante licitaciones. Esta diferencia ha sido utilizada como argumento por algunos legisladores para reclamar la restitución del seguro VIP.

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El futuro del Presupuesto 2025

La Comisión Bicameral de Presupuesto enfrenta una decisión compleja al definir el alcance del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el año 2025. Con el objetivo de aprobar un presupuesto que responda a las necesidades del país, los miembros de la comisión deberán equilibrar el gasto público con las demandas y beneficios que reclaman los legisladores. Este debate no solo afecta los recursos financieros de la nación, sino también la percepción pública sobre la transparencia y el uso de los fondos del Estado.

La ciudadanía sigue expectante sobre el desenlace de esta discusión, mientras crece el reclamo por una administración responsable y transparente de los recursos estatales.