Reforma de la CN: tildan de “pretexto banal” querer dar más recursos y alertan que la intención es otra

Para el doctor Jorge Rolón Luna, la intención que tiene el presidente de la República, Santiago Peña, de reformar la Constitución Nacional para establecer que el 100% de los ingresos por impuestos inmobiliarios permanezcan en los municipios es un “pretexto banal” que no justifica una reforma. Considera que asignar estos recursos a una esfera con altos niveles de corrupción es preocupante y cree que la verdadera intención podría ser otra.

“Es un pretexto injustificado, peligroso y además banal, ya que una reforma constitucional debe responder a necesidades significativas en la sociedad y en el ámbito político,” alertó. Para Rolón Luna, es evidente que el propósito es diferente.

En una entrevista exclusiva con El Nacional, Rolón Luna comentó que, si bien esta propuesta busca entregar más recursos a las municipalidades, estas instituciones están frecuentemente vinculadas a casos de corrupción, intervenciones y otros escándalos. Además, sus intendentes evitan controles de la Contraloría General de la República (CGR).

“El pueblo paraguayo fue testigo de la gran cantidad de casos de corrupción que involucran a municipalidades, intendentes y concejales. A pesar de numerosas intervenciones e imputaciones, la mayoría de los casos quedan en la impunidad”, lamentó.

Agregó que este sector muestra “altos niveles de corrupción” y, contradictoriamente, el presidente Peña vetó recientemente una ley que buscaba fortalecer el control sobre los fondos municipales, lo cual ayudaría a evitar maniobras para eludir la supervisión de la Contraloría. “Peña veta una ley que impediría que los intendentes eludan a la Contraloría, utilizando pretextos banales, mentiras o medias verdades,” cuestionó.

Dilapidación de recursos

Rolón Luna advirtió que entregar más recursos a las municipalidades, conocidas por casos de corrupción, solo empeorará la situación, y que el 100% del impuesto inmobiliario que se les quiere asignar acabará “dilapidado”. Considera que, sin un sistema de control efectivo en este ámbito propenso a la corrupción, no tiene sentido asignar mayores recursos.

“Vemos carencia de controles y, al mismo tiempo, maniobras para eludir la supervisión interna con ayuda del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial mediante inconstitucionalidades. Asignar el 100% de los impuestos inmobiliarios a las municipalidades sería una dilapidación de recursos; eso no terminará bien,” alertó.

Motivaciones reales

Para Rolón Luna, una reforma constitucional solo es justificable cuando el objetivo es lo suficientemente importante como para movilizar a la ciudadanía y a la clase política, considerando los recursos y esfuerzos necesarios. Alega que, si realmente el objetivo fuera asignar fondos a un sector considerado corrupto, podría haber otras motivaciones, dado que existen mecanismos alternativos para realizar esta transferencia de recursos sin necesidad de una reforma.

Rolón Luna también criticó la incongruencia en el discurso oficialista, donde algunos miembros del Partido Colorado rechazan el balotaje por su costo, pero apoyan una constituyente, también costosa, para modificar la reelección presidencial, lo cual, señala, es una necesidad personal y no del pueblo paraguayo.

Reelección

El contexto actual refleja una situación complicada para los gobiernos municipales, que enfrentan dificultades financieras tras la reestructuración de los fondos de Fonacide a causa del programa Hambre Cero. Esta coyuntura llevó a proponer a Santiago Peña una reforma para retener lo recaudado por el impuesto inmobiliario, actualmente distribuido entre el Ministerio de Economía y los gobiernos departamentales.

Cabe mencionar que, en 2023, el presidente ya había mostrado su apoyo a esta idea, aunque en ese momento carecía de una mayoría en el Congreso. Ahora, la propuesta de reforma constitucional reabre la posibilidad de una reelección presidencial, una idea respaldada por las bases coloradas.

Con esta medida en marcha, Paraguay se enfrenta a un desafío de credibilidad en su compromiso por una gestión pública transparente y efectiva.