Tras jugosa jubilación, ahora van por seguro “vip” y combustibles

El proceso de estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 ha sido marcado por la polémica tras revelarse una propuesta que incluye una importante reasignación de fondos para los 125 parlamentarios, destinada a seguros médicos de alta gama y cupos de combustible. La medida ha generado intensas críticas, no solo por el elevado costo que representaría para el erario público, sino también por el carácter reservado de las discusiones en torno a este proyecto de ley clave, realizadas sin acceso a la prensa ni a la ciudadanía.

Millonaria asignación para beneficios legislativos

De acuerdo con la información filtrada, la propuesta presupuestaria prevé la asignación de G. 1.100.000 mensuales a cada uno de los 45 senadores y los 80 diputados en concepto de seguro médico, además de G. 5.000.000 mensuales para la carga de combustible. En total, estos fondos representan un gasto anual de G. 9.150 millones, lo que equivale a USD 1.143.000 al tipo de cambio actual de G. 8.000 por dólar. Estos beneficios se sumarían a otros privilegios ya otorgados a los legisladores, generando aún más preocupación sobre el uso de recursos públicos en tiempos de austeridad y demandas sociales crecientes.

Aún más, la semana pasada se manejaban montos incluso superiores: G. 13.500 millones destinados al Senado y G. 26.000 millones a la Cámara de Diputados, aunque no se brindaron aclaraciones sobre los objetivos específicos de estos fondos adicionales. Los detalles de estos presupuestos no han sido comunicados ni explicados de forma oficial, lo cual ha elevado las sospechas de los ciudadanos sobre la transparencia y el destino final de los recursos públicos.

Un proceso rodeado de secretismo

A lo largo de la evaluación del PGN 2025, el enfoque de la Comisión Bicameral, encargada del estudio y análisis del presupuesto, ha sido inusualmente reservado. Las reuniones se han llevado a cabo prácticamente a puertas cerradas, sin acceso para la prensa y sin difusión pública de los documentos y datos que sustentan las decisiones presupuestarias. Este hermetismo ha generado una creciente preocupación en la ciudadanía y en organizaciones de la sociedad civil, que exigen mayor transparencia en la gestión de los fondos estatales.

El estudio del presupuesto es, tradicionalmente, una de las tareas más importantes del año en el Congreso, ya que define las prioridades del gasto público y el destino de los recursos nacionales. Sin embargo, la falta de información y la carencia de explicaciones públicas han alimentado suspicacias sobre el manejo de los fondos. Muchos ciudadanos y analistas cuestionan por qué la discusión de un proyecto de ley tan crucial se ha vuelto un proceso casi secreto, en lugar de abrirse al escrutinio de la ciudadanía.

Reacciones de la sociedad y la falta de rendición de cuentas

Diversos sectores de la sociedad civil han expresado su rechazo a estos privilegios y exigen mayor rendición de cuentas en el manejo del presupuesto. En un contexto donde las necesidades sociales en áreas como salud, educación e infraestructura son apremiantes, la asignación de millonarios beneficios para los legisladores resulta cuestionable. El aumento del gasto en este tipo de privilegios contrasta con las demandas de la ciudadanía, que reclama un uso más eficiente y transparente de los fondos públicos.

A pesar de las críticas y las preguntas que han surgido, hasta el momento no ha habido pronunciamientos claros ni justificaciones por parte de los legisladores ni de la Comisión Bicameral. La ciudadanía sigue esperando explicaciones sobre por qué se priorizan estos beneficios en un presupuesto que debería atender necesidades urgentes del país y no privilegiar a una clase política ya de por sí beneficiada.