Senado casi triplica presupuesto solicitado por JEM para nuevos jugosos cargos

El legislador opositor Rafael Filizzola denunció que, ayer miércoles, durante la sesión ordinaria del Senado, y en tan solo 15 minutos, se sancionó un proyecto que, de manera escandalosa, aumenta casi tres veces el presupuesto solicitado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

El senador recordó que el JEM pidió G. 184 millones para 2 cargos, pero ahora, gracias al cartismo, el presupuesto subió a G. 488 millones para salarios de 7 cargos, más gastos de representación, bonificaciones y otros gastos de personal.

“¿Dónde quedó el discurso de austeridad de este gobierno?”, cuestionó el parlamentario, a través de sus redes sociales.

El Pleno del Senado consideró ayer el Mensaje N.º 1.775 de la Cámara de Diputados, por el cual devuelve con modificaciones el proyecto de Ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024, aprobado por Ley N.º 7228/2023, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, presentado por los senadores Dionisio Amarilla, Colym Soroka, Natalicio Chase, Juan Carlos Galaverna Ortega, Patrick Kemper y Norma Aquino.

En este punto, intervino el senador Arnaldo Samaniego, en su carácter de vicepresidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, quien explicó que el proyecto aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados ajusta el monto total a G. 488.191.700. La principal diferencia radica en el incremento del número de directores generales, pasando a incluir cuatro adicionales, así como cinco gastos de representación.

Además, se redujo la vigencia del presupuesto de cuatro a dos meses para el año 2024 y se aumentaron las bonificaciones y otros gastos de personal. “Esta ampliación responde a la necesidad de ajustar el anexo de personal del JEM al organigrama institucional, elevando el rango de direcciones claves para adecuarlas a sus funciones actuales”, indicó el senador Samaniego.

De esta manera, el Senado aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, quedando sancionado el texto, que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o rechazo.