Ley “Anti ONG”: el plazo para Peña y cuál es la tendencia

El Congreso Nacional sancionó la polémica ley de control a organizaciones de la sociedad civil, con modificaciones solicitadas por el propio Poder Ejecutivo, por lo que se estima que no habrá oposición alguna del presidente Santiago Peña para promulgarla. A medida que avanzan los días, cada vez son más las instancias internacionales y nacionales que se oponen al plan que atenta libertades consagradas en la Constitución Nacional.

Peña recibió días atrás de manera oficial el documento y tiene un plazo de 25 días para pronunciarse al respecto.

A su vez, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, explicó que la reciente Ley de Control de Organizaciones Sin Fines de Lucro busca establecer un registro oficial de estas entidades, con el objetivo de mejorar la coordinación entre el Estado y las organizaciones, fomentando la transparencia y el impacto positivo para la ciudadanía.

Durante una entrevista radial, el ministro Villate mencionó que la ley permitirá al Gobierno tener una visión más clara del trabajo que realizan las ONG, facilitando que los esfuerzos se alineen con las prioridades sociales y optimizando el uso de los recursos. “Hoy no contamos con un panorama integral sobre el impacto de estas organizaciones. Con esta ley, podremos fortalecer la cooperación y garantizar que las acciones se orienten a las necesidades más urgentes de la ciudadanía”, afirmó.

Villate subrayó que la normativa sigue estándares internacionales, y mencionó que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo se basaron en lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

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Ambigüedades serían corregidas

Además, aseguró que cualquier ambigüedad detectada en el proyecto podrá resolverse durante el proceso de reglamentación.

Indicó que el Ejecutivo recién recibió el proyecto de ley aprobado en el Congreso y que, desde su recepción, el presidente Peña tendrá entre 20 y 25 días hábiles para promulgarlo o vetarlo, tiempo que será utilizado para realizar reuniones con diferentes personas que han hablado sobre su preocupación con respecto al proyecto.

“Nuestro objetivo es que esta normativa sirva como un puente para la colaboración, garantizando que la ciudadanía se beneficie del trabajo conjunto entre el Estado y las ONG”, concluyó.

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