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Consejo Nacional Anticorrupción: ¿Cómo funcionará?

Contraloría General de la República. Foto: Gentileza

Contraloría General de la República. Foto: Gentileza

La Cámara de Senadores otorgó la media sanción al proyecto de ley “Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay”.

Esta normativa elimina la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y prevé la creación de un Consejo Nacional Anticorrupción que estará conformado por cada representante de los poderes del Estado; uno de la Corte Suprema de Justicia, uno de cada Cámara del Congreso, el jefe del Gabinete Civil del Ejecutivo y por el Contralor.

Al respecto, el contralor general de la República, Camilo Benítez, abordó la reciente aprobación del proyecto de ley, asegurando que la nueva legislación no interferirá en las funciones de la Contraloría.

Benítez subrayó que el objetivo principal es la creación de un Consejo que unifique criterios relacionados con la integridad y la transparencia, sin que este consejo tenga autoridad sobre las decisiones de control de la institución.

“La idea que tenemos es la instalación de un Consejo que unifique criterios, pero de ninguna manera dicho consejo le dirá al contralor qué controlar”, aseguró Benítez, en entrevista con El Nacional.

Agregó que el proyecto está diseñado para establecer reglas más claras en el acceso a la función pública, garantizando la igualdad de oportunidades en todas las instituciones del Estado.

Para lograr esto, se implementará un plan estratégico enfocado en la transparencia, que incluirá controles ciudadanos para fomentar la participación activa de la ciudadanía en la supervisión de la gestión pública.

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“Se amplía la participación ciudadana”

En su intervención, el contralor destacó la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de la ley, resaltando que esta normativa amplía las oportunidades de participación ciudadana y facilita la denuncia de irregularidades cometidas por funcionarios públicos.

“Las organizaciones de la sociedad civil están intentando promover esta ley justamente porque le otorga más participación a la ciudadanía, para que puedan realizar denuncias contra los funcionarios”, explicó.

Benítez también recordó que el proyecto ha estado en espera durante más de una década, desde la creación de la Secretaría Anticorrupción. A pesar de los intentos anteriores por impulsar la ley, siempre había sido difícil alcanzar un consenso.

“La iniciativa ya había sido postergada y data de 12 a 13 años. Especialmente en un enfoque de prevención y unificación de criterios en cuanto a integridad y transparencia”, comentó.

El contralor respondió a las críticas de algunos parlamentarios que han expresado que ya existen numerosas entidades que controlan la corrupción y cuestionaron la necesidad de una nueva institución. En este sentido, enfatizó que el nuevo marco normativo busca ordenar y coordinar los esfuerzos existentes en lugar de crear una nueva entidad de control. “Esa figura justamente ordena todo eso, no crea otra institución para controlar”, indicó Benítez.

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