Reducción de plazos procesales traerá impunidad

La aplanadora colorada de la Cámara de Diputados aprobó de manera discreta un proyecto que busca reducir plazos procesales alegando una alta mora en el sistema judicial. Opositores y expertos en derecho, como la diputada Rocío Vallejo, advierten que esta ley resulta inapropiada en términos legales porque se darán por extinguidas muchas causa y se prestará a blanqueos masivos. Señala que se va a generar impunidad, refiriéndose también a emblemáticas investigaciones contra la corrupción en el Estado.

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley “Que modifica los artículos 6°, 136 y 305 de la Ley 1286/98, Código Procesal Penal”, documento que fue presentado con la intención de restablecer plazos razonables en los procesos penales y evitar “dilaciones injustificadas”.

A criterio de la oposición, este proyecto busca reducir el tiempo legal hoy permitido para el avance de las investigaciones, por ejemplo, en contra de autoridades sospechadas de actos de corrupción y así lograr la impunidad de estos.

“Yo espero que el tiempo que se tarde en volver a tratar esto, haga reflexionar a los colegas   sobre lo inapropiado que es esto, pues se puede prestar a blanqueos masivos  y dar por extinguidas muchas causas”, expresó Vallejo, en un breve contacto que mantuvo con El Nacional.

Indicó que, personalmente, respeta a su colega proyectista, pero manifestó que ella no será cómplice de una ley que pueda generar impunidad.

Diputado que pedía no ser “molestado” con investigaciones, ahora propone reducir tiempo límite de causas

¿Qué dice la Ley?

Según la versión oficial, esta propuesta legislativa tiene por objeto introducir modificaciones a la normativa jurídica, específicamente, a los artículos que regulan la “inviolabilidad de la defensa”, la “duración máxima del procedimiento” y la “desestimación”.

En esencia, plantea reducir el plazo máximo de duración de los procesos penales de acción pública a 3 años, contados desde el primer acto procesal. Para los casos de acción penal privada, el plazo máximo sería de 1 año y 6 meses.

Según los argumentos, la extensión actual de los plazos a 4 años, sumada a las suspensiones automáticas por incidentes o recursos, ha permitido una “morosidad institucional” que atenta contra los derechos procesales de los imputados y acusados.

¿A quién beneficiaría la ley?

Vallejo también señaló que la ley beneficiaría a personas cercanas al cartismo, como Horacio Cartes, quien enfrenta múltiples causas judiciales.

La legisladora alertó que, de aprobarse, la ley podría aplicarse retroactivamente, beneficiando incluso a imputados en casos como el del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia.