Media sanción para frenar uso delictivo de inhibidores de señales

La Cámara de Diputados aprobó, en sesión ordinaria de la fecha, el proyecto de ley “Que regula el uso y comercialización de inhibidores de señales de frecuencia y comunicación”.

Esta iniciativa, según la exposición de motivos, surge como respuesta a la creciente preocupación por el uso delictivo de estos dispositivos en todo el país, especialmente, en el departamento de Alto Paraná, donde se ha constatado su utilización en diversos hechos delictivos como asaltos a entidades financieras, servicentros y transportadores de caudales.

El proyecto, presentado por el diputado Guillermo Rodríguez (Yo Creo-Alto Paraná) busca establecer un marco regulatorio para la comercialización de estos dispositivos, exigiendo que los vendedores se inscriban en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria y Comercio.

Además, propone prohibir la tenencia y utilización de inhibidores sin la debida autorización de los organismos de control.

Otra medida propuesta por el legislador proyectista es la imposición de sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría o multa para quienes incumplan la ley.

El diputado Héctor Figueredo (ANR-Paraguarí), titular de la Comisión Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, solicitó el acompañamiento al proyecto de ley, con algunas leves modificaciones de forma.

Entre los cambios, se agregó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como ente regulador del ámbito técnico de reglamentación y control específico. También se incluyó al Ministerio del Interior en el ámbito administrativo de control.

“Este documento pretende regular el uso y comercialización de inhibidores y frecuencia de comunicaciones en el Paraguay. Se definen estos inhibidores como dispositivos que interfieren con señales en bandas específicas del espectro, afectando servicios móviles, como llamadas y mensajes”, dijo el diputado Figueredo.

Por su parte, el diputado Pedro Ortiz (ANR-Central), presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, solicitó el apoyo al documento de ley, destacando su importancia para la regulación de estos dispositivos.

El proyecto de ley pasa a la Cámara revisora para su siguiente trámite constitucional.