Gobierno sigue sin responder a la ONU sobre plan “Anti ONG”

El gobierno del presidente Santiago Peña sigue sin responder a la carta enviada desde las Naciones Unidas respecto al pedido de rever el polémico proyecto de ley que busca controlar las organizaciones de la sociedad civil y podría sentar un nefasto precedente en contra de la democracia.

La relatora de las Naciones Unidas para la Libertad de la Asociación, Gina Romero, explicó que hasta la fecha no ha recibido retorno del mandatario ni de la Cancillería Nacional.

“Y sigo teniendo preocupaciones sobre la nueva versión del proyecto de ley. Estaré enviando una nueva carta con esas preocupaciones, he ofrecido apoyo al gobierno para su revisión y armonización con los estándares internacionales, ojalá obtenga respuesta esta vez”, expuso.

Frente a la reciente convocatoria selectiva de periodistas y activistas por parte de cartistas en la investigación a las oenegés que encabeza la Comisión Bicameral de Investigación, conocida como “comisión garrote”, la relatora especial de la ONU para la libertad de asociación y asamblea, Gina Romero, reiteró su preocupación por el avance intolerante contra la participación ciudadana en la política.

“Vuelvo a hacer un llamado al Estado paraguayo, incluido a su presidente y su Congreso, para que inmediatamente se deje de estigmatizar a la sociedad civil y las ONG diciendo que son enemigas de la democracia”, escribió en X, citando a las cuentas oficiales del mandatario Santiago Peña y de la Cámara de Senadores.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también pronunció su preocupación por el “impacto negativo en la vital labor de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil en el país” que presentaría la ley, por lo cual pidió a la Cámara de Diputados que se rechace la iniciativa. Diputados finalmente aprobó con modificaciones y devolvió al Senado.

La reiteración de Romero se da ante un contexto de filtraciones de datos y contratos privados de personas que realizaron trabajos para las oenegés, que fueron utilizados por operadores políticos para desprestigiar a actores sociales y periodistas.