Avanza plan para someter a la sociedad

Todas las miradas de la sociedad civil posan sobre el avance de la agenda oficialista de aprobar un proyecto que pueda regular las actividades de las organizaciones no gubernamentales. El plan, que puede retrotraer al país a épocas de dictadura, persecución y castigo, enturbia cada vez más el ambiente social y político.

En la semana, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la ley que busca someter a controles rigurosos las actividades de las ONG, incluyendo recomendaciones del Ejecutivo que, supuestamente, iban a corregir los puntos más objetados del documento. Sin embargo, quedó demostrado que las “correcciones” nada más fueron “fachada” de la intención de avanzar con el objetivo inicial. Peña incluso pidió excluir a clubes de fútbol y partidos políticos de los alcances de la ley.

Al respecto, la abogada Alejandra Peralta, experta en DD. HH. y una de las principales voces críticas de la propuesta legislativa, expuso que durante la semana la atención mediática se desvió del verdadero foco y se centró en el audio filtrado del senador colorado Gustavo Leite, que primero dejó entrever diferencias entre esta parte y el presidente Santiago Peña.

Según la grabación, Leite expresaba su disconformidad con las recomendaciones de modificación realizadas por Peña. A criterio de la abogada, esto impidió conocer a fondo lo que realmente se ejecutó en la Cámara Baja.

¿Qué decía el proyecto inicial?

En ese sentido, en entrevista con El Nacional, la profesional recordó que en el proyecto que fue aprobado por el Senado se incluía a los organismos internacionales, tales como las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, como sujetos obligados de control del proyecto de ley. Además, se incluían a las agencias internacionales especializadas como Unicef, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, entre otros.

Asimismo, se previó extender la cobertura de control a los entes de derecho público y privado, donde figuraban asociaciones religiosas, organizaciones campesinas, bomberos voluntarios, además de asociaciones deportivas como clubes y hasta, incluso, nucleaciones políticas.

¿Qué propuso el Ejecutivo?

En el listado de modificaciones solicitadas por el Ejecutivo se encuentra la exclusión de las agencias internacionales y organismos internacionales como sujetos de control. En este punto, el presidente Peña decidió pedir que los clubes de fútbol y partidos políticos sean igualmente beneficiados con la decisión. A criterio de la abogada Peralta, esta medida fue tomada a “conveniencia” y recordó la necesidad de igualmente transparentar los ingresos de estas entidades que hoy son objeto de críticas por ser beneficiarios de dinero sucio.

En ese sentido, la profesional en leyes cuestionó el discurso del oficialismo de buscar transparencia y avanzar hacia una lucha contra el lavado de dinero, pero que en la acción finalmente beneficien a sectores tan cuestionados.

Peralta además afirmó que si bien el Ejecutivo solicitó de manera acertada excluir a organizaciones como iglesias y asociaciones vecinales, el gesto de poner al mismo nivel entidades tan manchadas por denuncias de lavado de dinero, resulta totalmente contrario al supuesto espíritu de combatir la corrupción.

Peña se lava las manos

En la semana, el mandatario Santiago Peña intentó lavarse las manos respecto al conflicto y además prefirió no opinar respecto a las descalificaciones del senador Leite, miembro de su propia línea política.

“Nosotros discutimos y conversamos con el Congreso que es soberano. Nosotros sugerimos comentarios. Las modificaciones son las que fueron plasmadas sobre lo que fue aprobado en el Senado. Es una decisión del pleno del Senado (eventual renuncia de Gustavo Leite a la Comisión Bicameral). No le corresponde a otro poder del Estado decidir”, dijo el presidente Santiago Peña.

Al respecto, la abogada Peralta recordó que el Congreso no es soberano, indicando que la soberanía reside en el pueblo paraguayo según el art. 2 de la CN. Aclaró que “soberano” significa que está encima de todo, y el Congreso no está encima del pueblo, ya que representa al pueblo, es decir, debe obedecer al mandato del pueblo

“Es muy impotente que se entienda este concepto que está al inicio de nuestra Constitución, porque o si no, los Diputados y Senadores creen que una vez electos pueden hacer lo que quieran sin obedecer el mandato popular”, concluyó.