Peña deberá vetar ley anti-ONG

Partidos políticos de oposición y representantes de la sociedad civil sostienen que el presidente Santiago Peña deberá vetar el polémico proyecto de ley de control de las ONG una vez que le llegue desde el Congreso. Denuncian que el plan es inconstitucional, que solo servirá para la persecución política y debilitará la frágil República. El proyecto ingresó a su segundo trámite en el circuito legislativo del Senado.

Lo que pretenden es anular cualquier tipo de participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en las políticas públicas, analizó el abogado Santagada.

Habló en particular sobre el senador Gustavo Leite, cuyo audio se filtró, a quien acusó de querer matar política y moralmente a los organismos y personas que no piensan igual que él.

“Siendo senador de la República, pretende matar política y socialmente a personas que no piensan como él. Una cosa es decir algo desde un partido político u organización, otra cosa es ejercer la persecución, ventilando su información privada”, indicó.

Sobre la supuesta justificación del legislador de controlar estas organizaciones, el abogado comentó que “respeto de la soberanía es no robarle al pueblo, buscar una mejor calidad de vida, y no denigrar, avasallar o pisotear al adversario”.

“Buscan acallar voces disidentes”

El Partido Patria Querida emitió un fuerte comunicado instando al presidente Santiago Peña a vetar el proyecto de ley que plantea un control a organizaciones sin fines de lucro ante las fuertes sospechas de que en realidad la intención es perseguir y acallar voces disidentes.

“Tampoco podemos negar nuestro origen, ya que el Partido Patria Querida, y el movimiento Patria Querida surgieron como consecuencia de su antecesor la Fundación Patria Querida, en la que se concluyó que, para incidir en la política, es necesario participar electoralmente en los espacios de toma de decisiones”, expresa textualmente parte del comunicado.

En efecto, manifestaron su rechazo al “declarado” objetivo de una mayoría en el Congreso de sancionar una ley a “sabiendas de su inconstitucionalidad”, “con el confeso interés de iniciar una persecución política contra determinadas personas”.

Aclararon que están a favor de la transparencia y el control de la utilización de fondos públicos, sean estos nacionales o internacionales, que tengan por objetivo influir en la política interna. Sin embargo, rechazan el “publicitado interés” de ciertos miembros de una comisión de investigación, de “utilizar los resortes que el cargo le habilita para acallar voces disidentes”.

Por estos motivos, el PPQ pide al presidente Santiago Peña el veto de esta ley, y que los legisladores de la CBI dejen de usar sus cargos para silenciar los cuestionamientos.

¿Modificaciones o “maquillaje?

La Cámara de Diputados aprobó con leves modificaciones solicitadas por el Ejecutivo el proyecto de ley que establece un control riguroso y hasta ilegal a las organizaciones de la sociedad civil. El polémico plan vuelve al Senado.

Al respecto, Agustín Carrizosa, presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), indicó que estas modificaciones que hizo la Cámara Baja a la normativa no satisfacen del todo a las organizaciones civiles.

En ese sentido, explicó que presentaron ayer lunes el borrador y no hubo tiempo para discutir los diferentes puntos y se van enterando de a poco acerca de los artículos que fueron cambiados.

“Algunos puntos no nos quedan muy claros, hay ítems positivos, como por ejemplo que desaparecen los castigos monetarios, pero al parecer el Ejecutivo seguirá teniendo capacidad de cerrar una institución, pero tampoco está definido y se debe reglamentar”, manifestó Carrizosa.

Para el titular del CIRD, todavía hay varios elementos en esta ley que no convencen, pues es producto de un acuerdo entre Ejecutivo y senadores oficialistas.

Una vez más, reiteró que no se dio participación en el análisis a los sectores interesados.