Juez no se animó a abordar polémicas de la CBI, dice senador

El juez civil Guillermo Trovato rechazó el pedido de amparo promovido por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), que pretendía a través de la garantía constitucional no responder a las consultas de la Comisión Bicameral de Investigaciones contra el lavado de activos.

Al respecto, el senador opositor Rafael Filizzola consideró que el juez rechazó un amparo contra la Comisión Antilavado mediante un escrito largo y sin sustancia. “En resumen, se lavó las manos. Dijo que no era la instancia adecuada y que la Comisión puede pedir datos a personas
privadas”, aclaró.

El legislador aseguró que el amparo es la vía cuando derechos constitucionales, como los de la privacidad y de la inviolabilidad documental (art. 36) están en riesgo.

“Incluso, la Comisión amenazó con incautar por la fuerza documentos privados, allanamiento mediante. El peligro es grave e inminente. Sobre todo cuando dicha información privada termina luego en las cuentas de cuanto troll cartista existe”, agregó.

Sobre el fondo de la cuestión, recordó que es cierto que la Constitución establece que las fuentes públicas de información son libres para todos (art. 28) y que las comisiones de investigación pueden pedir información al sector privado (art. 195).

“Por supuesto, siempre que sea información pública. Pero en este caso, la Comisión solicita a entes privados documentos privados (facturas, etc.), aunque esos datos no deberían ser solicitados y mucho menos entregados. Están protegidos por el art. 36”, sentenció.

Sobre el punto, el congresista expuso que existe información pública y privada tanto de fuentes públicas como privadas.