Manto de dudas desvirtúa CBI

Periodistas y representantes de la sociedad civil exigen una investigación sobre la filtración de documentos con datos privados por parte de la Comisión Antilavado. Mientras crece el manto de dudas, los legisladores avanzan con su agenda y hoy convocan al fiscal general y el contralor.

A su vez, desde la Comisión “Antilavado” negaron haber filtrado documentos privados que desataron el escándalo de persecución política. Incluso, opositores solicitaron al presidente Santiago Peña detener el “revanchismo político”. Todo apunta a que la comisión “garrote” continuará su agenda contra los principios democráticos, según denunciaron.

Al mismo tiempo, los primeros afectados por las intervenciones de la CBI; entre ellos, periodistas y activistas sociales, expresan que las filtraciones de documentos privados debe tener una explicación y no quedar en la nada.

Una de las afectadas, la periodista Susana Oviedo, explicó que luego de la petición de la Comisión Bicameral de Investigación de presentación de documentos pertenecientes a las ONG’s, “cometieron la ingenuidad de proveer la factura o contratos firmados privados”, que contenían datos personales, explicó la profesional.

La experta afirmó que esto fue una “filtración dirigida” a los “operadores cartistas en las redes sociales”; entre ellos se encuentran “algunos legisladores que promueven la ley que buscan ‘transparentar’ la administración de las organizaciones de la Sociedad Civil”, sostuvo Oviedo.

Entre los documentos, se publicó el contrato de Susana Oviedo con una de las ONG para la realización de una conferencia dentro de un seminario y posterior publicación sobre el periodismo de investigación y su aporte en la lucha contra la corrupción.

Al publicar sus datos, entre otros colegas, dicen: “ahora entendemos por qué algunos periodistas son adalides de la democracia, insinúan que estamos pagados o alquilados por ONG’s para ser críticos”, relató Oviedo.

Nueva convocatoria

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), conocida como comisión “antilavado” o “garrote”, anunció la convocatoria de altas autoridades en el marco de la agenda de investigación y persecución que lleva adelante en contra de diferentes sectores de la sociedad civil.

En esta ocasión, se anunció que serán llamados para comparecer el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, y el contralor general de la República, Camilo Benítez.