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Crisis y carencias eclipsan primer año de Peña

Santiago Peña, presidente. Foto: Gentileza.

Santiago Peña, presidente. Foto: Gentileza.

Este jueves 15 de agosto, el presidente Santiago Peña cumple su primer año de gestión en medio de fuertes polémicas por turbulencias políticas relacionadas con su sector partidario, escándalos de legisladores vinculados al crimen organizado y la crisis de nepotismo. A pesar de los contrapesos, el mandatario intentó concretar algunas reformas e iniciar algunos proyectos emblemáticos. Sin embargo, grandes déficits en seguridad, salud y empleo, además de varios errores de manejo institucional, han eclipsado de sobremanera los esfuerzos de gobernar y lograr resultados.

Incluso antes de iniciar su mandato en el 2023 y poco después de su victoria electoral a finales de abril, Peña ya protagonizó fuertes polémicas con su equipo de transición. Dos de los casos políticos que marcaron duramente sus primeros meses como presidente electo fue la disputa internacional diplomática por el cobro del peaje por parte de Argentina en la Hidrovía Paraguay – Paraná y la deuda de dicho país con la entidad Yacyretá.

Luego, después del 15 de agosto, el cartismo embarró la cancha del presidente Peña con polémicos proyectos y decisiones arbitrarias en el Congreso Nacional, donde poseen una mayoría arrolladora. La ley que creó la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones y el enorme rechazo social, fueron de las primeras barreras que tocó al jefe de Estado.

A la par de las crispaciones políticas y sociales, principalmente ocasionadas por el oficialismo, la inseguridad, corrupción, pobreza y otras carencias como en Salud y Educación, fueron alcanzando niveles históricos.

Peña recibe este aniversario con una sólida mayoría de colorados y aliados en el Senado y la Cámara de Diputados que ha garantizado gobernabilidad y la aprobación del 100 % de los proyectos presentados por el Ejecutivo, según el presidente de la Cámara Alta, Basilio Núñez, aunque también escándalos como denuncias de supuesto nepotismo en el legislativo.

Nepotismo, corrupción y crimen organizado

Más tarde, ya con unos 8 meses de gobierno, Santiago Peña y su mayoría en el Legislativo ya acumulaban varias pifiadas acumuladas. Las reculadas en el reblindaje de legisladores, la primera versión de Hambre Cero, el convenio con la Unión Europea, concurso de Itaipú, son algunas que dejaron en ridículo a los colorados en su agenda de atropello y sin diálogo.

En el Senado, dos de los casos que golpearon duramente la imagen del mandatario fue la protección política otorgada a los senadores colorados cartistas Hernán Rivas y Erico Galeano. Rivas por la impunidad en el caso de su supuesto título falso de abogado y Galeano con sus graves vínculos con uno de los mayores casos de investigación del crimen organizado y narcotráfico en Paraguay, el operativo A Ultranza Py.

Luego, a inicios del 2024 estalló la crisis por nepotismo y contrato masivo de familiares en diferentes niveles de la función pública por parte de autoridades y operadores políticos. Sin embargo, en esta ocasión no fueron simples funcionarios los afectados por las acusaciones, sino que los más altos responsables de la conducción nacional, como el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Los papelones de Peña

Antes de asumir como presidente de la República, Santiago Peña ya estaba en el centro de la polémica, entonces por la pretensión de su propio sector político, Honor Colorado, de derogar el convenio con la Unión Europea para la educación paraguaya y poner en peligro una sustancial financiación para miles de alumnos. Esto incluso llevó a poner en peligro las históricas relaciones diplomáticas con la UE y futuros proyectos de cooperación. Finalmente, tanto Peña, como sus correligionarios, tuvieron que retroceder.

Luego se vino la crisis en Tacumbú, que quizá hasta ahora fue el problema más grave para Peña durante sus primeros meses de gestión. Las desafortunadas e irresponsables declaraciones de su ministro de Justicia, Ángel Barchini, derivaron en la explosión de un motín y control total de la mayor penitenciaría en Paraguay por parte del temido “Clan Rotela”. Esto se cobró la vida de un recluso y, hasta la fecha, las autoridades no pudieron devolver la tranquilidad ni retomar el control de la cárcel.

Otro de los grandes escándalos que se destaparon y que, una vez más, gracias a la fuerte presión de la oposición y de la ciudadanía a través de las redes, logró desactivarse, fue el intento de despojo por parte de la bancada de Honor Colorado, y en específico su líder Basilio “Bachi” Núñez, de cientos de hectáreas de tierras públicas propiedad del Ministerio de Defensa. La senadora liberal Celeste Amarilla reveló cómo “ocupantes vips” construyeron lujosas mansiones en inmuebles que pertenecen al Estado y cómo el oficialismo estaba tratando de blanquearlos.

La suspensión del Proceso Selectivo Externo (PSE) de la Itaipú Binacional fue uno de los grandes conflictos del gobierno de Santiago Peña en estos apenas cien días de mandato. El concurso, cuyo origen estuvo en el gobierno anterior, tuvo sospechas de irregularidades y le significó una de las primeras movilizaciones al presidente Santiago Peña. Finalmente, el mandatario tuvo que recular en su decisión de desvincular a decenas de trabajadores y los reintegró a la binacional.

Hidrovía

El conflicto por el polémico cobro del peaje en la Hidrovía Paraguay – Paraná por parte de la Argentina, sin lugar a dudas, resultó uno de los ejes más importantes que Peña debió abordar una vez que asumiera el 15 de agosto del 2023. Entonces se reunió con el ministro argentino de Economía, Sergio Massa, y el de Transporte, Pedro Giuliano, en Mburuvicha Róga, Asunción. Luego del encuentro, el Gobierno paraguayo anunció el acuerdo de un cese temporal del cobro del peaje entre 60 y 90 días para dar una solución al conflicto, pero esto fue desmentido al día siguiente por el Ministerio de Transporte de Argentina.

Carencias

El presidente Peña enfrenta duras carencias en la realidad nacional y no logra encontrar respuestas. Las áreas más sensibles, sin dudas, son seguridad, salud y situación económica de los compatriotas.

El presidente reconoció en su primer informe de gestión en julio que no estaba satisfecho con los “esfuerzos y avances” en materia de seguridad, aunque sí celebró, por ejemplo, que evitó la comercialización de 6 millones de kilos de marihuana. Otro de los avances en esta materia fue el control de la penitenciaría de Tacumbú a través del operativo Veneratio y luego la megaincautación histórica de poco más de 4 toneladas de cocaína que iba a Europa.

Mientas tanto, la inseguridad persiste, al registrarse de enero a mayo aproximadamente 257 crímenes contra la propiedad al día, en promedio 10 asaltos por hora, según la Fiscalía.

En cuanto a salud, lejos de cumplirse la promesa de humanizar y universalizar el sistema sanitario público, este ámbito empeoró. Hospitales públicos que se caen a pedazos, falta de profesionales, medicamentos e insumos. Los más afectados fueron los pacientes oncológicos que van muriendo diariamente a raíz de la desidia de su gobierno.

En el mismo periodo también aumentó la pobreza y creció el desempleo. A pesar de las constantes publicidades del gobierno nacional respecto a los buenos números macroeconómicos de Paraguay, esta situación nunca se reflejó en la ciudadanía.

Logros

Peña mantuvo el equilibrio fiscal y, según el Ministerio de Economía, aumentó la recaudación interna acumulada de enero a junio en 23,5%, un resultado que influyó para que el déficit fiscal anualizado de julio se ubicara en el 3,3% del Producto Interno Bruto (BID).

Por otro lado, Peña celebró que la agencia Moody’s elevara a Paraguay a grado de inversión, al pasar de la calificación Ba1 a Baa3 por primera vez en su historia, lo que asegura mejores condiciones de crédito e inversiones.

Otro logro fue un aumento de la tarifa que paga Brasil a Paraguay por la energía de la represa binacional de Itaipú de 16,71 a 19,28 dólares por kilovatio mes por tres años, lo que le garantizó unos 650 millones de dólares anuales para gasto social.

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