Paraguay, sin capacidad para proteger a fiscales y jueces de atentados

El gobierno paraguayo y sus principales organismos de seguridad activaron sus alertas luego de la directa amenaza del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en contra de fiscales y jueces que estén involucrados a su caso en Paraguay, como los actores de A Ultranza Py. La abogada penalista y exministra de Justicia, Cecilia Pérez, lamentó que el sistema de seguridad nacional no tenga la preparación para proteger a autoridades de posibles atentados, fuera de lo que es el Regimiento Escolta Presidencial. Debemos recordar que el entonces fiscal principal de este caso, Marcelo Pecci, fue ultimado por sicarios hace dos años en Colombia.

El pasado lunes, el supuesto capo uruguayo, desde la clandestinidad, envió un audio amenazando a los jueces y fiscales paraguayos, diciendo que como mínimo buscará la destitución de estos investigadores. Todo esto, respecto al caso de su esposa Gianina García Troche detenida en España.

El narco uruguayo mandó un audio diciendo que los delincuentes son los paraguayos que tienen este caso y que se encargará de que “mínimamente” destituyan a jueces y fiscales, así también que paguen con la cárcel.

Gobierno anunció custodia especial

Al respecto de la situación, en la semana, el ministro del Interior, Enrique Riera, aseguró que redoblarán la seguridad de los fiscales y jueces vinculados con la investigación contra Marset. “Vamos a comunicarnos personalmente con cada uno de los que estén involucrados en el caso y vamos a darle una cobertura especial”, declaró Riera.

Riera explicó que “hay antecedentes” de las medidas adoptadas en ocasiones anteriores con jueces y fiscales locales.

“Y se establecieron mecanismos básicos: cambios de rutas, personas 24 horas frente a su casa, que nos avisen a qué hora entran, a qué hora salen y cosas por el estilo”, refirió el funcionario.

Sistema de seguridad incapaz

En referencia a todo este escándalo, en entrevista con El Nacional, la experta en derecho penal Cecilia Pérez Rivas explicó que el sistema de seguridad nacional no tiene preparación especial ni específica para custodiar autoridades, -fuera del Regimiento Escolta Presidencial- de posibles atentados contra sus vidas, respectivas familias y sus bienes.

“Lo que genera diversas resistencias, como sacrificar la intimidad personal, sumado a la corrupción policial existente, que te lleva a la pregunta: ‘¿me custodia o me vigila?'”, cuestionó la profesional.

La abogada -quien también justamente representa a la viuda del fiscal asesinado Marcelo Pecci, Claudia Aguilera- mencionó que en Paraguay no existe un mecanismo alguno que garantice que el personal que custodie al juez o fiscal, no entregue información sobre su vida, movimientos personales y la vida que lleva su familia. Esto, principalmente, debido a la gran corrupción que corroe, principalmente, las filas policiales, según atribuyó.

Fiscales claman por protección

En la semana también se dio a conocer el comunicado oficial del Ministerio Público sobre el caso, en el cual explican que toman con la mayor de las seriedades la amenaza del prófugo de la justicia y señala que es una afrenta al orden de las instituciones republicanas, más aún por provenir de una persona de suma peligrosidad.

“Desde que asumimos la difícil misión de generar dicha persecución, somos pasibles de ataques a nuestras personas, familias y bienes. No obstante, ante dichos peligros permanentes, seguimos bregando por la institucionalidad, valorando al capital humano, como ser adjuntos, agentes fiscales, relatores, asistentes fiscales y funcionarios en general”, señala el texto.

Ante la carencia institucional de fuerza de seguridad propia, la Fiscalía reclamó a la Policía Nacional, brazo operativo constitucional, redoblar el compromiso de brindar protección a nuestros operadores de justicia,

Faltan mejores condiciones políticas y técnicas

Respecto a este comunicado, la abogada Pérez Rivas expuso que, finalmente, el juez o fiscal, o quien tenga una función sensible respecto al caso, temerá que el custodio asignado termine siendo un infiltrado. “Saben que si algo así pasa en la criminalidad organizada, claramente puede suceder en el sistema estatal, y de hecho pasa con la infiltración”, sostuvo.

Agregó que por estos motivos, muchos y buenos fiscales y jueces evalúan aceptar -o no-, protección policial o incluso, si aceptan, darles acceso a que verdaderamente los custodien.

“Así que, comunicados van y vienen, pero quedará en la anécdota, hasta que el Ministerio del Interior genere las condiciones políticas, técnicas y presupuestarias, que no es poca cosa, para que la Policía tenga un servicio profesionalizado en este ámbito”, culminó.