ONU insta a Santiago Peña a “reexaminar” proyecto de control a las ONG

Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se volvieron a expresar sobre la situación que se está viviendo en el país con respecto a la ley de Control a ONG’s.

Las relatoras de Derechos Humanos de las Naciones Unidas enviaron una carta al presidente de la República, Santiago Peña, instándolo a “reexaminar” el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El documento hecho por Gina Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, refiere que:

Tras realizar un análisis del artículo cuarto, donde se habla de un registro obligatorio de las organizaciones sin fines de lucro, dependiente del Ministerio de Justicia; y del artículo quinto, que establece un libro de registro del financiamiento nacional, extranjero, público o privado, advierten que, esto podría “generar una carga demasiado pesada para organizaciones de base, y podría ser perjudicial para asociaciones esporádicas o informales”.

“Este exceso de requerimientos de registros podría desincentivar la creación de nuevas asociaciones”, resaltan.

Asimismo, mencionan que, en el artículo 9 que prohíbe la posibilidad de crear cualquier tipo de relación contractual entre las organizaciones que no estén inscritas en el registro nacional y organismos y entidades del Estado, municipalidades, entidades binacionales u otras entidades o empresas públicas, se podría constituir una injerencia indebida en entidades y organizaciones del sector público, privado y mixto, nacionales e internacionales que, en virtud de su derecho a la libertad de asociación, deben conservar la autonomía para decidir sobre el uso de sus fondos propios.

La organización internacional plantea al mandatario que promueva una “discusión pública, plural y multisectorial” para tratar este caso, convocando a actores de la sociedad civil directamente afectados por el proyecto.