Lambaré arrastra intendentes imputados

El fiscal Francisco Cabrera imputó al exintendente de Lambaré, Armando Gómez (PLRA), y a otras seis personas más por supuesta lesión de confianza, asociación criminal, exacción y otros delitos, con relación a irregularidades en el cobro de impuestos en el 2019 que produjo un perjuicio patrimonial de G. 9.246.215.000.

El juzgado de garantías ya admitió la imputación y procesó a estas personas, quienes deberán comparecer ante el juez Humberto Otazú el 31 de julio para la audiencia de imposición de medidas.

Respecto a las irregularidades, estas consistían en las anulaciones de comprobantes de ingresos en el sistema informático utilizado por el municipio para el cobro de impuestos, por parte de usuarios indeterminados, lo que llevaría a no ser tenidos en cuentas en la rendición de ingresos de dichos
pagos.

Sin embargo, los contribuyentes poseían los comprobantes de ingresos originales que daban cuenta de dichos pagos o ingresos. Según la imputación, del total de anulaciones, solo una cantidad mínima podrían ser consideradas regulares, teniendo en cuenta el usuario que realizó las anulaciones y los horarios y fechas de la operación.

Es así como, del total de 8.286 anulaciones, solo unas 1.671 operaciones por valor de G. 811.000.000 podrían haber sido regulares, resultando así un perjuicio patrimonial estimado para la Municipalidad de Lambaré de G. 9.246.215.000 aproximadamente.

Refiere el Ministerio Público que este esquema fue creado y liderado por el exintendente de la Municipalidad de Lambaré Armando Ramón Gómez Arévalo, con la participación directa de los exdirectores de Administración y Finanzas, Roberto Ever Paredes Ojeda; Auditoría Interna, Walter Omar Belotto Achucaro; y Gestión Tecnológica, Edgar Iván Villalba Torreblanca, con la colaboración del jefe de Tesorería, Rodrigo Javier Portillo Chirife, la contadora Sonia Raquel Notario Candia y el funcionario del Departamento de Gestión Tecnológica, Ricardo Ronald Ricciardi, que permitió que los ingresos obtenidos en las arcas de la Municipalidad fueran extraídos, realizando anulaciones en el sistema informático sobre dichos ingresos y posteriormente haciendo las rendiciones sin tomar en cuenta los montos anulados.

Estas anulaciones se habrían realizado de la siguiente manera: al realizar el pago correspondiente, al contribuyente se le entregaba el comprobante de ingreso original por el pago de su impuesto y/o servicios en las cajas habilitadas; posteriormente, fuera del horario laboral, se anulaba el comprobante en el sistema informático por usuarios que poseían el permiso para realizar dicha operación, por lo que el importe de los mismos no ingresaba a las arcas municipales.