La aplanadora colorada y sus aliados en el Congreso sepultaron una genuina alternativa que tenía gran apoyo de la ciudadanía, para dar combate al flagelo que desangra las arcas del Estado; nepotismo. Los senadores rechazaron la iniciativa "Chau Nepotismo", que contemplaba sanciones reales para políticos que ingresan masivamente a sus familiares y allegados a la Función Pública. En cambio, aprobaron una versión que resulta "más de lo mismo", señalaron.
La Cámara de Senadores, con mayoría cartista y satélites, sancionaron la versión propuesta por la Cámara de Diputados de la Ley Antinepotismo. Dicha normativa no contempla sanciones reales o alcances a quienes utilizan sus influencias para copar cargos en el Estado con sus parientes y allegados.
La Cámara de Senadores sancionó en sesión extraordinaria la Ley Antinepotismo, propuesta por varios diputados, en respuesta tras los escándalos de los “nepobabies” en el Congreso.
La versión aprobada por una mayoría cartista y sus satélites no incluye sanciones penales, no contempla el nepotismo cruzado y excluye la posibilidad de impulsar juicios políticos o pérdidas de investiduras a los involucrados. La versión aprobada hoy cuenta con un dictamen a favor de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Javier Zacarías Irún (ANR, HC).
La ley se trata de un texto “consensuado” elaborado por la Comisión de Legislación. Esta versión, supuestamente, fusiona elementos de todas las propuestas, incluyendo la iniciativa popular “Chau nepotismo”.
De esta manera, se bastardeó la iniciativa popular “Chau nepotismo”, que tuvo el apoyo de casi 61.000 firmas digitales y que en comisiones fue defendida por sus impulsores, Soledad Núñez y Estefanía Careaga, entre otros.
Detalles
La comisión de Legislación de la Cámara de Senadores se encargó de fusionar los proyectos que fueron presentados por los senadores Basilio “Bachi” Núñez y Eduardo Nakayama, con la iniciativa popular. Sin embargo, en la normativa “consensuada” por la Comisión de Legislación eliminan el nepotismo cruzado y la sanción de cinco años de cárcel.
Sí incluyen la inhabilitación por diez años en el ejercicio de la función pública, pero eliminan de la iniciativa ciudadana que en caso de reincidencia el castigo sea de diez años de cárcel y la inhabilitación a ocupar cargos públicos sea de por vida.
"A pedido del senador Natalicio Chase, quedaron postergados los tres proyectos que hacen referencia a la prohibición del nepotismo en la función pública, a efectos de tener un escrito consensuado entre todos sus colegas", explicaron escuetamente desde la Cámara Alta este miércoles.
Otras modificaciones
Asimismo, en el artículo 4.° sobre el alcance y excepciones se prohíbe al funcionario público electo o designado, nombrar, contratar, designar o influenciar directa o indirectamente para ocupar cargos públicos, o en la prestación de servicios personales o profesionales, a los parientes declarados, dentro del mismo organismo o entidad del Estado donde ejerce su cargo.
Nakayama menciona que al establecer que sea “dentro del mismo organismo o entidad del Estado donde ejerce su cargo”, nuevamente eliminan el nepotismo cruzado. Los sujetos obligados de la normativa fusionada son: El presidente y el vicepresidente de la República; los ministros, viceministros y secretarios del Poder Ejecutivo.
Asimismo, los senadores y los diputados, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, magistrados judiciales, secretarios y relatores del Poder Judicial. También se incluyen al fiscal general del Estado, entre otros.
A su vez, "Bachi" Núñez confirmó que, para el tratamiento de la modificación de la ley que castiga el nepotismo, dejarán de lado la iniciativa popular “Chau Nepotismo". “Yo voy a demostrar por qué la ley es una iniciativa popular entre comillas”, afirmó Núñez, agregando que la misma está patrocinada por “sectores políticos”.
El escándalo por el nombramiento de los parientes se desató cuando salió a la luz la contratación del hijo del senador Silvio Ovelar, Alejandro Ovelar (20), como asesor en la Cámara de Diputados en marzo de 2023, con un salario de G.3.300.000
Le siguió el caso de Montserrat Alliana Encina, que ingresó sin concurso a la Cámara de Diputados como asesora en el 2023, con un salario de G. 18.274.300. Su padre, el vicepresidente de la República, negó que se trate de un caso de nepotismo.
Quizás el caso que más indignación causó fue el nombramiento de Elías Martín Godoy Torres (19), hijo de la diputada liberocartista Roya Torres, que en su primera experiencia en el ámbito laboral ya ganaba la suma de G. 9.500.000 como asesor de su madre, pero no acudía a su lugar de trabajo.
