Proyecto ONG es inconstitucional, dice reconocido jurista

El reconocido jurista Manuel Riera Escudero determinó que el proyecto de ley, conocido como “anti ONG”, “en realidad, es un avasallamiento del Estado a la libertad de las personas; es contrario al principio de libertad garantizado por la Constitución”.

“La administración de recursos privados no debe tener más control que los que el ordenamiento jurídico nacional ya establece, en el área tributaria, de lavado de dinero, financiera o ambiental, o de protección del consumidor”, dijo el abogado, a través de su cuenta de X.

Agregó que exigir más que esto implica más Estado cargado sobre las espaldas del sector privado sin buenas razones, so pretexto de transparencia.

“El sector privado que administre recursos públicos debe rendir cuentas de la manera que establezca el documento en virtud del cual los recibe, como siempre fue, y no de la manera que establece este proyecto”, acotó.

Riera mencionó que cada una de las instituciones definidas en el proyecto como OSFL tienen su régimen legal, según su objeto social y su naturaleza jurídica, y no necesitan más para actuar dentro de la ley.

“La creación de más registros y exigencia de más recaudos solo aumenta el costo de administración y de gestión y plantea complejos conflictos de competencia y de confusión sobre la derogación implícita de leyes generales vigentes. Esto hará colapsar las instituciones afectadas, dada la amplitud de las organizaciones consideradas OSFL”, sostuvo.

Señaló incluso que el proyecto exige información que no tiene justificación razonable, creando una suerte de banco de datos de personas, que -de hecho- están registradas en otros organismos (IPS, Dirección del Trabajo, Registro de Profesionales del MIC, etc.), duplicando funciones y obligaciones.

“Someten instituciones privadas a régimen de sumario administrativo e imponen sanciones exorbitantes y desproporcionadas por incumplimientos formales, generando la industria de las multas, que ya funciona en otras instituciones del Estado. En definitiva, el proyecto es un intento más de limitar la libertad de las personas, sin mayores razones que la supuesta transparencia, para lo cual -repito- no es necesaria más leyes. “La inflación legislativa es prueba de subdesarrollo”, sentenció.