Destitución de Kattya González fue siempre persecución política, señalan

La abogada Alejandra Peralta Merlo, especialista en gobernabilidad y derechos humanos, expresó que la desestimación por parte de la Fiscalía de las denuncias de supuesto planillerismo que afectaban a los asesores de la exsenadora Kattya Gonález, demuestra que su destitución siempre fue parte de una persecución política.

“Esto solo confirma que la pérdida de investidura de Kattya González siempre fue una persecución política. Pero no solo fue una afrenta contra las instituciones democráticas y contra el honor de estas dos personas, que fueron el daño colateral para la consumación de un arbitrario juicio político, sino que fue una bofetada contra la voluntad de 100.083 electores”, sostuvo.

A través de su cuenta oficial de X, la doctora en derecho afirmó que “23 Senadores se mofaron de la voluntad de 100.083 personas, con excusas que hoy serán desestimadas por la justicia. Solo para enviar un mensaje de censura, amedrentamiento y sometimiento, so pena de expulsión y persecución”.

“Hablar de Democracia en Senadores hoy resulta una burla. Y no expresarse contra la dictadura parlamentaria resulta un guiño cómplice. ¡Un parlamentario acallado es el pueblo silenciado!”, culminó.

Fiscalía desmontó denuncia de planillerismo

La Fiscalía pidió la desestimación de la denuncia contra el expresidente del Partido Encuentro Nacional (PEN), José Luis Torales, y la funcionaria del Congreso, María Soledad Blanco Agüero. Ambos se desempeñaban como asesores de la exsenadora Kattya González.

El caso había habilitado el juicio por pérdida de investidura de la exlegisladora Kattya González, porque Torales era funcionario comisionado de la Contraloría General de la República (CGR), institución que prohíbe a sus funcionarios realizar política. Mientras que en el caso de Blanco, González firmó las planillas de asistencia cuando la misma se encontraba en Miami (EE. UU.), según un informe de Migraciones presentado en el libelo acusatorio.

Sin embargo, el Ministerio Público refiere que respecto a los mismos, no se constató ni se encontró elementos sobre el hecho punible de cobro indebido de honorarios. González fue acusada de uso indebido de influencias para emplear a dos funcionarios, Blanco y Torales.