Mano dura contra el crimen organizado

El Gobierno decidió responder a los clamores de diferentes sectores de la sociedad y ordenó la incursión militar contra la inseguridad reinante de Itapúa, Ñeembucú y Misiones. Las fuerzas armadas combatirán junto a la Policía contra las células del crimen organizado.

“El foco en esta maniobra es la seguridad de la ciudadanía más que cualquier otra cosa”, afirmó el contralmirante Cíbar Benítez, secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional (Codena), al referirse al decreto del Ejecutivo que dispone el empleo de elementos de las Fuerzas Armadas en tres departamentos del sur.

La presencia de los militares en Itapúa, Misiones y Ñeembucú, dispuesta de manera inmediata por el Ejecutivo, será complementaria a la labor de orden público que realiza la Policía Nacional, aclaró Benítez. Los efectivos “van a estar en condiciones de ser empleados cuando la necesidad así lo imponga”, dijo en entrevista con los medios del Estado.

Recalcó que el objetivo de esta maniobra es la seguridad de la ciudadanía, teniendo en cuenta que recientes atracos perpetrados en distritos del departamento de Itapúa reflejaron cierta vulnerabilidad en la zona.

“Lejos de creer que va a ser una presencia ostensiva militar por todo el área es una cuestión complementaria a la seguridad. Ellos no van a estar ostensivamente desfilando por las calles, sino que van a estar en una condición de ser empleado próximo al lugar donde es más sensible”, dijo.

Así también indicó que “no van a estar registrando en las calles, pidiendo documentos”, ya que eso es función de la Policía Nacional. “Esto es algo complementario que se juzga necesario por el hecho de que hay indicios de nexos fehacientes con el crimen organizado transnacional y eso es cuestión de defensa nacional y nos importa a todos”, añadió.

Personal entrenado

Señaló que el persona que va a ir al sur son elementos del batallón conjunto de Fuerzas Especiales y de las tropas especiales del Ejército, específicamente, “que son gente entrenada y enteramente profesionales, que es lo que se necesita para trabajar complementariamente con la Policía”.

Aclaró también que el despliegue de estos personales no significará reducir el número de la Fuerza de Tarea Conjunta presente en los departamentos del norte del país.

Benítez indicó que la decisión tomada por el presidente de la República, Santiago Peña, se basa en la premisa de que no hay desarrollo posible sin seguridad y remarcó que el despliegue a ser realizado tiene “como motivo principal la protección de la ciudadanía”.

Se habría frustrado nuevo golpe

A criterio del legislador Colym Soroka, la movilización de las Fuerzas Armadas al Sur del país “es demasiado alentador”, asegurando que servirá como una manera de persuadir a criminales y delincuentes organizados. Inclusive, sostuvo que datos filtrados señalaban la posible preparación de un gran atraco, el cual podría haber sido abortado tras la determinación del Ejecutivo.

“Un primer paso fue que se cambió toda la cúpula policial de Itapúa. Hoy toda la cabeza está renovada y con este nuevo anuncio, nos da esperanzas”, reflexionó Soroka, en entrevista con la 1020 AM, en la jornada de ayer jueves.

“Teníamos información de que se iba a repetir un golpe grande, se filtraron algunos datos y la única forma era establecer una presencia fuerte para que ellos tengan miedo”, remató.

Problemática

Este tema de la inseguridad se ha vuelto un verdadero drama cotidiano en Itapúa. Los casos de robos callejeros, hurtos domiciliarios, de tan repetidos ya se han vuelto parte del paisaje. Se suma la violencia doméstica, un síntoma de una grave enfermedad social que nos aqueja, y últimamente se instaló el sicariato, principalmente en una zona que comprende el norte y noreste de Itapúa, cercanos a Caazapá, en una franja de territorio que es algo así como un “corredor” narco hacia la Argentina.

A estos “tipos” de inseguridad se sumaron los cinematográficos asaltos a locales bancarios con el empleo de bombas. Una sucursal del banco Regional en Pirapó, en septiembre de 2022, inauguró a nivel local la modalidad. Le siguió un caso parecido en la compañía Kressburgo, en diciembre de 2022.

El 2 de abril pasado, una sucursal del BNF en Yatytay fue atacada y se llevaron el cajero automático, empleando incluso una patrullera policial mientras los uniformados eran retenidos en su propia celda, y el último episodio, en Natalio, ponen al desnudo la vulnerabilidad de la Policía Nacional ante este tipo de organizaciones.