Diputados rechazan proyecto que evitaba el “opareí” de casos de corrupción

El plenario de la Cámara Baja, en sesión ordinaria, rechazó el proyecto de ley “Que modifica y agrega varios artículos de la Ley N.º 1.160/1997 – Código Penal de la República del Paraguay; y leyes modificatorias”. Con esta decisión, el documento pasa al archivo.

Originalmente, la iniciativa buscaba ampliar los plazos de prescripción de la acción penal para delitos cometidos por funcionarios públicos.

Se focalizaba en el endurecimiento de las penas; la ampliación del universo de tipos penales; la extensión de los plazos para la prescripción de la acción penal; y el endurecimiento de los criterios de medición de la pena para los delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos.

De acuerdo a lo referido durante el tratamiento, la finalidad es introducir modificaciones útiles y rápidas de implementar en la Ley 1.160/97, en aspectos que hacen a la efectiva disuasión legislativa para el combate frontal a la corrupción pública y privada en sus variantes más comunes.

El diputado Daniel Centurión (ANR-Capital), proyectista, habló de las bondades del documento y señaló que es un aporte urgentemente requerido por la sociedad paraguaya “en este momento de la vida institucional en que las señales del Poder Legislativo son directrices fundamentales, requeridas para definir el sostenimiento de nuestra democracia republicana”.

“Es un proyecto presentado en diciembre del año pasado, como consecuencia de un compromiso asumido en campaña electoral. Decidimos dejar de lado los artículos que hablaban de aumentar el marco penal para los delitos de corrupción pública y nos centramos en lo que identificamos como sustancial, que es declarar imprescriptibles los hechos punibles contra el patrimonio del Estado”, significó.

El parlamentario dijo que esta iniciativa no cercena ningún tipo de garantías procesales, ni colisiona con garantías constitucionales, por lo que debía ser aprobado.

Sin embargo, la legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), sostuvo que si bien el objetivo es noble, y comparte la esencia del proyecto, sería impertinente la aprobación.

Señaló que es algo inconstitucional y que, en realidad, lo que verdaderamente necesita nuestro país, es que el sistema funcione y sean aplicadas las leyes como corresponde, con persecución de todos los corruptos.

Finalmente, tras una votación nominal, el resultado fue de 42 votos por el rechazo; 25 por la aprobación; y 13 ausencias.

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