Alistan férrea defensa contra “terrorismo judicial”

La imputación presuntamente orquestada con fines políticos en contra del expresidente Mario Abdo Benítez y su entorno, generó una avalancha de sucesos que dejaron al desnudo uno de los esquemas más corruptos en el manejo de la Fiscalía y de la Justicia en los últimos tiempos, según expertos y analistas, con la filtración de los polémicos chats. La abogada Cecilia Pérez, parte de la defensa de los acusados, aseveró -en entrevista con El Nacional– que hoy no tienen las garantías de un debido proceso, pero adelantó que lucharán con férrea defensa y con todos los recursos legales para evidenciar y desbaratar los “intentos cómplices un sector político y del Ministerio Público”.

La abogada Cecilia Pérez, parte de la defensa legal de los imputados, explicó que tras las notorias irregularidades dentro de la causa y la llamativa actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, con respecto a una falta de intervención real ante la gravedad de los chats filtrados, explicó que no tienen las garantías de que se ejecutará un proceso en forma. Denunció además que el Congreso recibió una información completa del caso, por lo que no tendrá la película completa para decidir sobre los pedidos de desafuero, lo que demuestra una vez más el trasfondo político de las actuaciones.

“Nosotros tenemos un problema con la postura institucional que se está asumiendo. Nosotros vimos las filtraciones de estos chats entre el abogado del denunciante y el fiscal que hoy está separado de la causa, porque los dos fiscales están hoy separados. La contradicción del Ministerio Público de separarlos por una suerte de recobrar o recuperar la credibilidad institucional ante la ciudadanía, sin embargo, por otro lado, valida todo lo que dijo (respecto a la imputación). Le separa por los chats, pero finalmente está bien lo que hicieron, que en los chats se nota que no está en condiciones, ¿verdad? Esto es absolutamente ilegal, inconstitucional, antijurídico y acá hay delitos cometidos que nosotros le pedimos al Ministerio Público por escrito que tome parte en el asunto y que abra una investigación penal, a lo cual hasta ahora se negó porque hasta ahora no tenemos una respuesta positiva y las horas pasan y el celular que debería haber sido incautado probablemente ya estará en el río Paraguay”, expresó la también exministra de Justicia.

Consultada sobre la expectativa de lo que podría ocurrir en el Congreso, con relación a los pedidos de desafuero, Pérez reveló que, al menos en el caso del diputado Mauricio Espínola, la Cámara Baja recibió una ínfima parte del contenido total de la imputación, por lo que no tendrán la película completa para tomar una postura con base en mérito.

“El Congreso tiene que tener, jurídicamente hablando, la película completa. Hoy me está informando mi defendido que al Congreso llegó el pedido desafuero con dos tomos. El expediente tiene en total 16 tomos. Es imposible que el Congreso tenga la visión completa de la situación, porque no estamos hablando de cualquier causa. Te puedo asegurar que hubiera sido otra la actitud y la postura si no hubiera pasado el descubrimiento de esta conversación, entre el abogado del denunciante, que era el que preparó prácticamente la sospecha seria y grave, y de lo que fue el que preparó la carpeta fiscal completa. Entonces, la construcción de toda esta causa está plagada de irregularidades”, aseveró.

Añadió que, además de las irregularidades, ahora suman hechos punibles presuntamente cometidos por parte de los fiscales intervinientes. “Entonces, nosotros necesitamos que esto se aclare. Y el abogado y el denunciante deberían de ser los primeros interesados, considerando que el propio abogado, el denunciante, dijo que los chats eran falsos. Entonces, si él no va a entregar su teléfono, ¿por qué el Ministerio Público no le incauta su celular a Aldo Cantero? Mínimamente, para saber y despejar cualquier duda. ¿Quién es el beneficiado mínimamente con esto?, ¿quién se beneficia?”, cuestionó.

Asimismo, arremetió contra la necesidad que tienen de ocultar y de continuar manejando este expediente entre cuatro paredes. “Encima no sabemos ni qué paredes”, agregó.

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🔹Tras escandalosa filtración de chats, el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, apartó del caso que impulsa Horacio Cartes contra Mario Abdo Benítez a los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti y designó a nuevos agentes para continuar con las… pic.twitter.com/8k2eBcyKE3

— El Nacional (@elnacionalpy) March 14, 2024

“Vamos a seguir luchando, como dicen los chats”

“Nosotros no tenemos garantía, pero vamos a seguir luchando, las instituciones tienen que funcionar y vamos a seguir peleando en este sentido. Como dicen los chats, vamos a luchar, vamos a seguir luchando. Tomo las palabras de los que conversan en ese celular. Pero sí te puedo decir algo. El Congreso debe tener el conocimiento acabado de todo lo que pasa, y no estar con una información sesgada y parcial, como el envío de solamente dos tomos, de los 16 que tiene en total, son 11 tomos más anexos; pues entonces difícilmente el Congreso pueda tener conocimiento para tomar una postura de mérito, si es que realmente interesa saber qué es lo que pasó acá”, afirmó.

“No le puedo pedir a mi defendido que se inmole”

Respecto a la postura que estaría asumiendo Espínola ante el pedido de desafuero, en caso de solicitar él mismo su aprobación o dejar a consideración de sus colegas, Pérez refirió que como los legisladores no tienen la información completa de la imputación, “no le puede pedir a su defendido que se inmole”.

“Yo te puedo hablar de mi postura jurídica. Esta es una decisión que, finalmente, va a ser personal de mi cliente, pero yo, viendo que no envían todos los antecedentes, yo no sé cómo decirle a mi cliente que se inmole ampliamente sin que las personas que tienen interés, porque hay varias personas que son miembros del Congreso que están interesados en saber qué es lo que pasa acá, sobre todo con la actitud del fiscal general del Estado”, continuó.

Abogados piden peritaje de celulares con "chats filtrados" https://t.co/IeM6EYDLp1

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Unidad antinarcóticos se hace cargo del caso

En otra parte de la entrevista, la experta en derecho manifestó su preocupación por la reasignación de la causa a fiscales de una unidad antinarcóticos, que de por sí ya tiene causas muy complejas y teniendo en cuenta el discurso del fiscal general que hoy en día no pueden atacar al crimen organizado por la falta de recursos.

“El primer paso que te puedo dar, que te puedo señalar, es que yo tengo una preocupación, porque llevar esta causa a una unidad especializada antinarcóticos, sabiendo nosotros lo complejas que son las causas. Y pensando que, dadas las circunstancias de este proceso, son otros fiscales los que tienen que salir a defender el trabajo plagado de irregularidades que les dejaron los que salieron. Y teniendo ellos que dejar de lado otras causas que llevan, que son complejas, que tienen requerimientos de recursos, y considerando que siempre el fiscal general se está quejando de que no tiene las herramientas para luchar contra el crimen organizado, nos muestran a nosotros simple y claramente que la prioridad del fiscal general del Estado al asignarle a estos fiscales no es la lucha contra el crimen organizado”, criticó duramente.