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Política

Otros 20 expresidentes a favor de Abdo: “Información que afecte la seguridad nacional no puede ser confidencial”

Más de 20 expresidentes de América y España, firmantes de la iniciativa “Idea Democrática”, se sumaron a la declaración de preocupación por el deterioro de la institucionalidad democrática y la falta de garantías judiciales para el exmandatario Mario Abdo Benítez y su antiguo entorno, quien fue imputado en el marco de un caso con presunto trasfondo político.

“Los exjefes de Estado y de Gobierno miembros de la Iniciativa Democracia de España y las Américas (IDEA), observamos con preocupación la imputación penal que el Ministerio Público paraguayo formula al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y varios de sus colaboradores por ‘supuestas filtraciones de informes de inteligencia financiera’, surgidas supuestamente de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que estarían relacionados con graves hechos de corrupción que investigara su gobierno y que se conectan con sanciones que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designando a personas físicas y empresas del Paraguay que deterioraban, con sus acciones, a la institucionalidad democrática”, menciona parte del comunicado.

 

“En nuestra Declaración sobre Argentina del 9 de diciembre de 2021, expresamos lo que ahora vale para la cuestión del Paraguay in comento, a saber, que “todo ciudadano y no solo un expresidente ha de contar con las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva; derechos que siempre se ven afectados en los supuestos de colusión indebida entre los titulares de los órganos del poder público y la Justicia, aún más cuanto median motivaciones políticas y no la legítima reivindicación de derechos afectados y justiciables””, agregando.

“Y tal como lo advierte la Corte Interamericana de Derechos Humanos “las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional”, cuando se trata de perseguir al crimen organizado como fuente de violaciones sistemáticas de derechos humanos y de afectación del Estado constitucional de Derecho”, concluyen.

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