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Proponen suprimir el JEM

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) está a merced y control de un sector político, situación que se demostró en el salvataje de una fiscal corrupta. La diputada Rocío Vallejo sugirió suprimir el órgano, ya que hoy día solo sirve para aprietes, extorsión y ofrecer protección a los aliados.

Antes de iniciar la primera sesión del año, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) se refirió al apercibimiento que recibió la fiscala Stella Mary Cano tras comprobarse que incurrió en mal desempeño de funciones en la causa contra el exintendente Mario Ferreiro. Dijo que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) “tiene que desaparecer como institución”, pues no ha aportado a la administración de justicia contra fiscales y jueces corruptos.

“Lastimosamente, es una figura constitucional, pero vengo sosteniendo que el JEM tiene que desaparecer. ¿Qué es lo que hizo de bueno? ¿Cuál fue una destitución ejemplar que haya logrado y que actuó conforme a derecho? Lo que tenemos en el JEM son extorsiones probadas en juicio, aprietes y un analfabeto jurídico dirigiendo la máxima autoridad de juzgamiento de jueces y fiscales”, sostuvo la diputada.

Lamentó también que ahora se padezca el “copamiento de un partido político y el salvataje grosero a la fiscala Cano, que atenta contra la seguridad jurídica, contra la institucionalidad y contra la existencia misma del JEM”.

Ejemplificó que dos ministros de Corte “con autoridad jurídica de conocimiento y de integridad” votaron por la destitución, mientras que “políticos de vuelta están votando por el salvataje de esta señora”.

Copamiento

La fiscala Stella Mary Cano fue sancionada con un apercibimiento por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) durante la sesión ordinaria de este martes. Los cartistas hicieron pesar su mayoría en el órgano extrapoder para esta medida.

Por el apercibimiento votaron la presidenta del JEM, Alicia Pucheta, Enrique Berni, Orlando Arévalo y Derlis Maidana. Mientras que por la remoción lo hicieron Alberto Martínez Simón, César Garay y Alejandro Aguilera.

Debido a que no reunían los cinco votos requeridos, se tuvo que aplicar la “medida más benigna”.

Los hechos cuestionados fueron que la fiscala habría acusado, alegado y solicitado condena por el hecho punible de tráfico de influencias, sin siquiera manifestar en qué consistirían los hechos; además, habría acusado por lesión de confianza, sin siquiera explicar cómo pretendía demostrar que la obra pública pagada no existía o algún tipo de perjuicio patrimonial causado que fundamente la acusación, limitándose a formular juicios de valor sin describir los hechos.

Por último, habría violado la cadena de custodia, los teléfonos incautados, perjudicando la eventual prueba.

Sin embargo, para los cartistas solo en uno de los puntos cuestionados hubo mal desempeño, en el de tráfico de influencia.

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