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Fonacide en peligro

Legisladores de la oposición y referentes sociales criticaron el proyecto de Ley” Hambre cero en las escuelas” del Poder Ejecutivo para la merienda escolar, al señalar que tiene un trasfondo meramente político contra autoridades no coloradas. Además, señalan que afectará sensibles programas de educación y salud pública. Temen que sea otra maniobra a favor del copamiento de poderes y la corrupción.

Varios legisladores de la oposición cuestionaron el proyecto Hambre cero en las escuelas, presentado este lunes por el Ejecutivo, que elimina el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) para administrar el almuerzo escolar.

Una de las modificaciones más sonadas refiere a que la administración en el departamento Central dejará de estar a cargo de la Gobernación y pasará a ser responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social en las áreas de Asunción y el departamento Central.

“Hoy tiene más olor a revanchismo político que a un intento verdadero de poder brindar la merienda a los chicos”, calificó el diputado del Partido Encuentro Nacional, Raúl Benítez.

El legislador resaltó que la mayoría de las administraciones de municipios y gobernaciones estuvieron y están a cargo de políticos del Partido Colorado. “Si él habla de un despilfarro de la merienda escolar, lo primero que está haciendo es disparar contra su gente”, manifestó.

Benítez relató que el proyecto inició con la intención de centralizar los recursos de todas las gobernaciones, lo que generó reacciones de los gobernadores.

“Como no tuvo los pantalones con sus gobernadores, le toca el presupuesto a una de las pocas gobernaciones que no está a cargo de alguien que es de su signo político, como es el departamento Central”, explicó Benítez.

“Cambian ladrones por otros ladrones”, dice Nakayama

A su vez, el senador liberal Eduardo Nakayama habló sobre también sobre la intención de centralizar la distribución de los fondos para la merienda y almuerzo escolar, sacando a las Gobernaciones e Intendencias de esto, mencionando que no es más que «cambiar 12 por una docena». Reconoció que quienes están al frente de las entidades departamentales y municipales han incurrido en hechos de corrupción con el dinero del Fonacide, pero que esta decisión no cambia mucho.

Nakayama manifestó que piensa que «solo cambiarán unos ladrones por otros ladrones», y que lo que se debería hacer para garantizar la distribución correcta de la merienda escolar es investigar los casos de corrupción con sus fondos, recordando casos como el del exintendente de Lambaré, Cárdenas, el cual incluso fue condenado luego de que el techo de una escuela que debía haber sido financiada con fondos del Fonacide cayera sobre los alumnos.

El Senador agregó que existe la posibilidad de que ocurra algo parecido a lo que está pasando con esta ley, con el proyecto de normativa para el Servicio Civil, el cual ha sido modificado ya bastante, según lo que apunta. Afirmó que todo esto solo demuestra que el cartismo en el Gobierno busca copar todo el poder y su respectivo control.

 

Otros programas en riesgo

En medio de las incertidumbres sobre el alcance del nuevo proyecto de ley, el Ejecutivo explicó que el 100% de la compensación recibida de Brasil por la cesión de energía de Itaipú, irá para almuerzo escolar. De esta manera, ya no se destinarán recursos a Salud, al programa Becal ni a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), entre otros.

Al ser consultada sobre los demás componentes que cubría el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), la jefa del Gabinete Civil de la Presidencia, Lea Giménez, confirmó en radio Monumental 1080 AM que “los recursos a futuro que llegaban al Fonacide hoy van a ser redireccionados al programa de alimentación escolar”.

Se trata de unos USD 250 millones anuales que recibe Paraguay por la venta de excedentes de energía de Itaipú al Brasil.

Giménez hizo referencia a la derogación que propone el proyecto al artículo 3 de la normativa vigente, que destina el 10% para Fondo Nacional para la Salud, 7% para la capitalización de AFD, 28% para el Tesoro Nacional sobre programas y proyectos de infraestructura, además del 25% para gobiernos y municipalidades, que a partir de la iniciativa también tendrá modificaciones.

Asimismo, se elimina el desembolso del 30% para el Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación (FEI), que contempla el financiamiento del programa de becas Carlos Antonio López.

Sobre la preocupación de los proyectos y programas que recibían estos recursos, Giménez dijo que los fondos para el servicio de salud están garantizados, pero a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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