Operativo “Chau nepotismo”

Lanzarán esta semana la iniciativa ciudadana que busca una solución real a los innumerables casos de nepotismo en la función pública. En los primeros días de febrero estará listo en el portal de la Justicia Electoral la plataforma para la recolección de firmas digitales. Con esta propuesta se busca realizar una modificación que realmente combata este flagelo, en contrapartida a la iniciativa oficialista, la cual consideran no funcionará.

La iniciativa popular es un mecanismo de democracia participativa, que permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional, conforme a una determinada cantidad de firmas reunidas.

“Tenemos, literalmente, en nuestras manos una poderosa herramienta que nos va a permitir a nosotros, si nos ponemos de acuerdo, empujar y presionar para que ciertos proyectos de ley lleguen al Congreso”, afirmó Cano mostrando el celular, refiriéndose al ejercicio ciudadano desde la tecnología.

En esta línea, explicó que la propuesta de ley contra “la práctica de siempre” consta de cinco modificaciones, a diferencia del proyecto que impulsa el senador cartista Basilio” Bachi” Núñez, que sigue “teniendo lagunas”, consideró.

La primera modificación que incluye la iniciativa es la confección de una lista de observación en la cual cada autoridad tendrá que declarar quiénes son sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad.

“Todas esas personas sin excepción van a estar en esa lista de observación y bajo esas personas va a haber una especie de marca. No se les impide el ingreso a la función pública, pero sí se les exige el ingreso por concurso”, explicó.

De acuerdo con el ex viceministro, los comisionamientos “son una jugada que se configura en nepotismo”.

Limitar comisionamientos

Si bien no se van a limitar los comisionamientos, se busca suprimir los beneficios que puede obtener el funcionario público en otra institución del Estado o en las hidroeléctricas al ser comisionado.

“A menos que si yo quiero aspirar a ese plus, debo hacerlo por concurso”, agregó.

La tercera modificación busca formalizar y fortalecer el control ciudadano, facultando a pedir a cualquier entidad contratante información.

En caso de encontrar irregularidades, pueda hacer una denuncia penal ante el Ministerio Público, así como también se buscará abrir un portal de denuncias de casos de nepotismo.

Modificaciones

En Paraguay está vigente la Ley N.º 5.295 del año 2014, que sanciona el nepotismo en la función pública. Según la misma, se da “cuando una persona, facultada para nombrar o contratar en cargos públicos, realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en violación a las normas que regulan el acceso a la función pública”.

Sin embargo, este marco legal carece de sanciones adecuadas a la gravedad de los casos, ya que solo se aplican penas de carácter administrativo y no de índole penal, como condenas carcelarias; se le destituye al funcionario en cuestión y se aplica una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Más allá de eso, no reciben alguna sanción mayor más allá del escarmiento social que puedan tener.

En la propuesta ciudadana se introducen penas privativas de libertad sin posibilidad de reducción de condena y la devolución de lo robado.

Mientras que la quinta modificación es hacer una revisión profunda de la lista de observación de las contrataciones de los últimos meses, a fin de evitar que el pariente del alto funcionario sujeto a la ley que prohíbe nepotismo alcance la estabilidad laboral en la función pública que, según la ley, se consigue a los dos años de antigüedad.

¿Qué específicamente dice la legislación paraguaya?

En cuanto a la Ley N.º 5.295 que prohíbe el nepotismo, se observa que el artículo 2 señala la lista de funcionarios que “quedan impedidos, dentro del ámbito de su competencia, a nombrar o contratar en cargos o empleos públicos, a cónyuges, concubinos y parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, salvo que tales nombramientos, contrataciones o propuestas se efectúen en cumplimiento a las normas legales que regulan el acceso a la función pública”.

Además, la ley establece penas por nepotismo. “El que realizare un nombramiento o una contratación de servicios, en contravención a lo dispuesto en la presente ley, será sancionado con una medida de inhabilitación en el ejercicio de la función pública de hasta cinco años y la nulidad del acto jurídico”, reza la normativa.

Igualmente, el beneficiado con el nombramiento o contrato será castigado con la misma pena prevista para el autor. “Ambos, autor y beneficiado, serán solidariamente responsables de la devolución de los salarios cobrados indebidamente”, señala la ley.

Por otra parte, existe la Ley N.º 2523/2004 “Que previene, Tipifica y Sanciona el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y Tráfico de Influencias”, en su artículo octavo señala: “Administración el provecho propio. Será castigado con pena privativa de libertad hasta diez años, el funcionario público que decida, autorice o suscriba actos o contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios indebidos para su provecho personal, o para su cónyuge o conviviente, o el de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.