Abogada asegura que Ovelar incurrió en tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito

Así como El Nacional adelantó el último fin de semana, la abogada Teresa Flecha denunció ante el Ministerio Público al presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, por los hechos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. “Ya es el colmo, nos pisotean, manosean, tomé el caso porque Beto Ovelar traspasó todos los límites, es de público conocimiento que tiene a toda su parentela colgada del Estado”, indicó.

La denuncia presentada obedece al último hecho que tomó estado público, la contratación del hijo del presidente del Congreso en la Cámara de Diputados. “La ciudadanía tiene que hacer algo, no podemos seguir callados porque nos juegan”, dijo Flecha.

Mencionó que lamentablemente poco y nada se les puede aplicar la ley. “Noté que el artículo 8 de la Ley que reprime el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, la conducta de Ovelar si se subsume al artículo”, explicó la abogada.

Argumentó que el colorado Silvio Ovelar utiliza los fondos del Estado como provecho personal, puesto que él al ser titular del Congreso es ordenador de gasto. “Si bien el chico fue contratado por Diputados, igualmente corresponde al presupuesto del Congreso y él está obligado a velar por el buen uso de esos fondos y no utilizarlos para bien propio o el de sus familiares, que es lo que ocurrió”, señaló.

Del mismo modo, explicó que la ley que prohíbe el nepotismo no es de carácter penal, es decir, las sanciones son netamente administrativas, y por ende, los políticos se siguen burlando de la ciudadanía, dijo Flecha.

“La sanción que prevé esta ley, es la inhabilitación para ocupar cargos públicos o en todo caso, se anula el contrato o nombramiento. No tengo un precepto legal para denunciarle a Alliana. Él también cometió nepotismo”, expresó a la 1020 AM.

La abogada refirió que la Fiscalía debe iniciar las diligencias, solicitar los antecedentes, el legajo de contratación, a qué rubro se aplicó, solicitar el informe correspondiente, etc. Además, también tendría que realizar las gestiones para solicitar el desafuero.

“De ahí a que lo haga, no lo sé. El fiscal general del Estado como representante de la sociedad está obligado a hacerlo, es clarísimo, tiene que impulsar la denuncia. Su rol es defender a la sociedad de los abusos de esta naturaleza, la Constitución Nacional le da plenas facultades a él”, finalizó.