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¿Aliados o enemigos?

Basilio "Bachi" Núñez, Santiago Peña y Raúl Latorre, fueron los principales referentes colorados que estuvieron envuelto en el nuevo escándalo. Foto: Gentileza.

Basilio "Bachi" Núñez, Santiago Peña y Raúl Latorre, fueron los principales referentes colorados que estuvieron envuelto en el nuevo escándalo. Foto: Gentileza.

El lunes quedó al desnudo el esquema extorsivo que mantienen legisladores con el Poder Ejecutivo, incluso del mismo equipo político del presidente, Santiago Peña, para conseguir beneficios a cambio de aprobar iniciativas del Gobierno. En este caso, sobre el polémico intento de aumentazo salarial, que -tras los dichos del mandatario y la fuerte presión social- quedó finalmente sin efecto.

Durante un programa de televisión, Peña reveló que el aumento de G. 5.000.000 para diputados y senadores se dio tras una supuesta extorsión por parte de legisladores colorados y de la oposición a cambio de no modificar el Presupuesto General de la Nación (PGN) que presentó el Ministerio de Economía.

Esto generó la reacción de diputados liberales y del movimiento colorado Fuerza Republicana, que cuestionaron sus dichos y reclamaron que los sindicados como responsables salgan a aclarar la situación.

“Exigimos que proceda a identificar a los supuestos responsables de estos pedidos en el caso de senadores y diputados, caso contrario, no pasará de declaraciones irresponsables del presidente de la República, intentando justificar el pedido realizado para beneficio propio y el de los ministros de su propio Gabinete”, señaló parte del manifiesto de diputados liberales.

Esto generó respuesta de la bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara de Diputados, que solicitó el retiro de la adenda para el aumento salarial, empleando así un brusco cambio de posición sobre el caso.

En principio, referentes colorados defendían la iniciativa del presidente y afirmaron que se trataba de una estrategia para combatir la corrupción. “Creo que es una estrategia para el combate de la corrupción, que personas que van a tomar decisiones sensibles sean bien remuneradas, eso les hace menos vulnerables ante la corrupción”, indicó Raúl Latorre, en su momento.

Rechazo

Finalmente, la Comisión Bicameral de Presupuesto rechazó el plan para aumentos salariales propuesto por el presidente Peña, tras recibir todo tipo de críticas. Con esta determinación se revierte la iniciativa del Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó una adenda al proyecto de Presupuesto General de la Nación 2024 para aumentar en G. 5.000.000 la dieta de los diputados y senadores; además de incrementos salariales para ministros, el vicepresidente y hasta del propio presidente de la República.

Cuando enviaron el proyecto de PGN 2024 al Congreso, exigieron a las instituciones que hacen parte del Ejecutivo que no se soliciten aumentos, sin embargo, nada más y nada menos que el propio ministro de Economía, avalado pro Santiago Peña, solicitó una adenda para su ministerio.

Para que los pedidos extras de aumentazos para los secretarios de Estado, al igual que G. 7 millones más al mes para el presidente y G. 3 millones mensuales más para el vicepresidente Pedro Alliana tengan tratamiento en el Congreso, se contempló también agregar aumento salarial de G. 5 millones para cada legislador para quedar bien con la clase política, en especial con el partido de Gobierno que es mayoría en el Parlamento.

Vale recordar que Peña ya arrastra un antecedente polémico en su paso por el Estado. Mientras fue ministro de Hacienda y también pidiendo austeridad a los demás, cobró aguinaldo extra, arropado de bonificaciones y gratificaciones, según obran en los archivos de medios de prensa.

Ante la avalancha de críticas, en conferencia de prensa, el presidente de la República trató de defender lo indefendible, argumentando que en los últimos 10 años los legisladores no tuvieron reajustes y que “perdieron poder adquisitivo” por la subida de precios de la canasta básica.

Alejados de la realidad

Nada más alejado de la verdad, ya que los congresistas están ganando 17 millones de guaraníes más que hace 10 años, mientras que el salario mínimo subió apenas 1 millón de guaraníes en el mismo periodo.

Siempre mirando los números, el paraguayo de a pie es quien realmente ha perdido poder adquisitivo con la inflación galopante de los últimos años. Según los propios datos oficiales, la mitad de los trabajadores del país ni siquiera gana un salario mínimo (G. 2,5 millones), mientras que para el 70% del total, el mínimo es el techo.

Para llevar una vida digna, los gastos básicos al mes fueron calculados por el Instituto Nacional de Estadísticas en G. 3 millones, por encima incluso del salario mínimo legal.

Vale recordar que desde la crisis del Covid-19 el país viene arrastrando un peligroso déficit fiscal (gasta más de lo que recauda) por lo que tiene recurrir a deudas para calzar el presupuesto. Ahora nuevamente se apura una nueva emisión de bonos internacionales por USD 600 millones, que ya tiene media sanción en el Congreso.

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