Más deudas, más dudas

La aplanadora mayoría colorada con votos de la oposición está a punto de sancionar el polémico proyecto que otorga “superpoder financiero” y permite un nuevo megaendeudamiento al gobierno de Peña de USD 791 millones. El manto de dudas creció tras denuncias de supuestas coimas que habrían impulsado su fugaz trámite.

El proyecto de medidas extraordinarias autoriza al Ministerio de Economía a disponer en total de USD 791 millones. El documento fue modificado por la Cámara de Diputados y vuelve al Senado.

La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que establece medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas, durante la sesión extraordinaria realizada ayer.

Una fuerte denuncia mediática realizó el senador liberal Eduardo Nakayama al afirmar que el movimiento Honor Colorado, a través de sus referentes, ofrecen sobornos de hasta USD 10 mil a legisladores para que estos acompañen los proyectos oficialistas.

Uno de ellos es el plan de endeudamiento de USD 600 millones, la creación del Ministerio de Economía, entre otras iniciativas surgidas desde el Poder Ejecutivo.

En medio de un encuentro con los medios, el legislador liberal sostuvo que se escuchan rumores por los pasillos de ofrecimientos de dinero y aunque aclaró que a él no le ofrecieron, fue testigo de “movimientos telúricos raros”, lo cual le hizo pensar en la venta de votos.

Extraños movimientos

“Nosotros escuchamos las idas y vueltas en los pasillos y demás. Cuchicheos en los pasillos y en los baños de gente que se levantaba misteriosamente. No puedo afirmar eso, pero no descartaría en lo más mínimo”, expresó Nakayama.

Los comunicadores le consultaron por qué no realizaba una denuncia formal en el Ministerio Público con los datos que maneja, para que se realice una investigación penal, pero se excusó diciendo que en el Paraguay no hay garantías para realizar acciones legales.

“Nosotros vivimos en un país donde el sistema de justicia está en el lugar 138 de 144 países por falta de independencia. Sabemos perfectamente que acá se manejan por intereses oscuros. El que denuncia termina siendo el más perjudicado”, agregó.

Cúmulo de cuestionamientos

El proyecto es muy cuestionado por diputados y senadores opositores. El proyecto de ley solo mencionaba la cantidad del USD 600 millones como tope para colocar bonos o acordar préstamos para así cumplir con los compromisos pendientes adquiridos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

Sin embargo, durante el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara Baja se detalló que la propuesta, que pretende modificar otras leyes, pondría a disposición del MEF aproximadamente USD 791 millones. La diputada oficialista Rocío Abed fue una de las legisladoras que explicó los montos estimados a utilizar por la cartera económica una vez promulgada la ley. “Se suspende las transferencias de contribuciones a la Caja Fiscal por cargos vacantes. Estamos hablando de cerca de G. 120.000 millones (del último trimestre del año) que se podrá destinar a otros gastos prioritarios”, comentó respecto al artículo 2.

La diputada colorada señaló que se establece, en el artículo 3, que los montos de los Fondos de Recategorización para el personal administrativo que fueron aprobados en el presupuesto vigente deberán ser ejecutados por las distintas entidades, teniendo en consideración que el mismo monto deberá ser utilizado para cubrir el efecto año completo en el presupuesto del próximo ejercicio fiscal, lo que supondrá alrededor de G. 90.393 millones.

Igualmente, el Poder Ejecutivo podrá realizar modificaciones presupuestarias necesarias para la utilización de los recursos no comprometidos de préstamos y bonos aprobados por ley, según indica el artículo 5. De acuerdo con datos emitidos, se tendría un saldo no comprometido de aproximadamente G. 1,1 billones (USD 160 millones).

La retención a los contribuyentes del IRE, RG y el Simple cuando actúen como proveedores de bienes y de servicios, la retención de cada contribuyente implicaría alrededor de G. 25.000 millones (USD 3 millones).

El diputado del Partido Liberal Radical Auténtico, Emilio Pavón, informó que el proyecto de ley, que va camino a ser sancionado, otorga, además de los USD 600 millones, otros USD 191 millones más al Ministerio de Economía de los que podrá disponer discrecionalmente.

Más modificaciones

Los diputados colorados no respaldaron la intención del Poder Ejecutivo de disponer de los fondos de los royalties y compensaciones provenientes de Itaipú y Yacyretá, que no fueron rendidos por los municipios y gobernaciones.

Fue así que los legisladores optaron por testar el artículo 4 del proyecto de ley, que autorizaba la transferencia de dichos fondos a la Tesorería Nacional.

Asimismo, se eliminó parte del artículo 8 que reitera las responsabilidades civiles, penales y administrativas por la mala utilización y gestión de los recursos públicos, ya que esto ya se encuentra previsto en otra ley.

Ante estas modificaciones introducidas, el proyecto vuelve a la Cámara de Senadores, donde se decidirá por ratificación en la sanción inicial o por aceptar los cambios.