Cámara Baja también otorga “superpoder financiero” a Peña

La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones y devolvió a la Cámara de Senadores el proyecto de ley que otorga “superpoderes” al presidente de la República, Santiago Peña, para emitir hasta US$ 600 millones para pagar deudas acumuladas de los ministerios de Salud Pública y de Obras Públicas. Los diputados eliminaron el artículo que pretendía que el ministerio de Hacienda absorbiese los fondos de Fonacide y royalties de las municipalidades y gobernaciones en falta. Opositores advirtieron de una inconstitucionalidad de la norma y temen un avance hacia una dictadura.

La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones, según dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, el proyecto de ley “por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”, testando (eliminando) el artículo 4º del proyecto del Senado, que afectaba fondos de municipios y gobernaciones y parte del artículo 8º, “por redundante”, que hablaba de investigar y castigar penalmente a los responsables de la deuda que se cubrirá con los nuevos bonos.

El proyecto de Diputados, al eliminar el artículo 4º, blinda los fondos de sus feudos electorales, ya que el Ejecutivo pretendía utilizar el dinero no desembolsado a municipios y gobernaciones por falta de rendición de cuentas, de royalties y compensaciones provenientes de Itaipú y Yacyretá y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Si el Senado acepta la decisión de la Cámara Baja, tampoco se tocará lo recaudado en concepto de cánones por las concesiones otorgadas para la explotación de las diversas modalidades de juegos de azar, dinero que en total se estima sería de unos US$ 30 millones.

Otra reforma sustancial introducida en Cámara Baja es la eliminación de parte del artículo 8º, que taxativamente indicaba que el dinero de los préstamos para el pago de la deuda de US$ 600 millones, se realizará “sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondieren en cuanto a la mala utilización y gestión de los recursos públicos ocurridas en los ejercicios fiscales anteriores”.

El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, Hugo Meza (ANR, Fuerza Republicana), argumentó que en dicho agregado del artículo 8º hay “redundancia y hasta malicia”, ya que la Ley N.º 1535/99 de Administración Financiera del Estado, ya establece que todo funcionarios público que sea ordenador de gastos es responsable penalmente por el uso de dinero público.

Independiente a estas reformas, se mantiene la parte de la ley que es cuestionada por su presunta “inconstitucionalidad”, puesto que cede al Ejecutivo atribuciones exclusivas del Congreso, sobre todo las referentes a realizar reprogramaciones presupuestarias y aprobar créditos y emisión de bonos.