MNP hace un llamado de acción al Gobierno para una verdadera reforma penitenciaria

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) emitió un comunicado en el que expresa que, ante los hechos que se encuentran en desarrollo en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la institución viene advirtiendo hace bastante tiempo sobre los factores que inciden en el crecimiento de la población penitenciaria, que influyen en el aumento de la criminalidad, el afianzamiento de grupos criminales de base carcelaria, la falta de políticas de prevención del delito, leyes que fueron endureciendo la posibilidad de obtener medidas alternativas a la prisión, creación de nuevos tipos penales, políticas poco razonables de represión al problema de las drogas y su consumo, aumento de la desigualdad, entre otros aspectos.

“En este contexto, es posible señalar como temas prioritarios a resolver en el ámbito penitenciario los siguientes puntos: el abuso de la prisión preventiva; el hacinamiento y ausencia de espacios diferenciados entre población prevenida y condenada; las pésimas condiciones materiales de privación de libertad; la falta de garantías para el acceso al agua; la atención de la salud; los traslados arbitrarios; las muertes bajo custodia; la corrupción que permea todo el sistema en diferentes niveles; la falta de instalación/uso institucional del Código de Ejecución Penal; las torturas y malos tratos; y la constante disputa del crimen organizado de base carcelaria en el gobierno de las penitenciarías”, señala parte del texto.

La garantía para poner fin a la crisis penitenciaria demanda que el Estado inicie el camino hacia la vigencia plena de los derechos humanos, a través de la implementación de políticas públicas para crear condiciones de bienestar con un plan a corto, mediano y largo plazo.

Por otra parte, el MNP hace un llamado al Poder Ejecutivo y, a cada uno de los órganos del Estado, para que, en toda intervención que se realice, se tenga como eje y fundamento el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, garantizando el derecho a la vida y la integridad personal.

Recuerdan que, esta institución es un órgano autónomo, creado por Ley N.º 4288/2011, para reforzar y colaborar con la protección de las personas privadas de su libertad contra todo tipo de trato o penas prohibidas por nuestra legislación vigente y las normas internacionales, así como para prevenir y procurar la erradicación de la tortura.