Política
Senado aprueba otra dudosa expropiación en Ayolas y enciende nuevas alarmas
Cámara de Senadores. Foto: Gentileza.
La Cámara de Senadores aprobó en la sesión extraordinaria el proyecto de ley que expropia un terreno de 10 hectáreas del Club de Pesca Deportiva Corateí a favor de la Municipalidad de Ayolas, para destinarlo a una zona de recreación y esparcimiento.
La senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, cuestionó a la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentos por entregar recién este lunes los documentos de título de propiedad, en los cuales figuran como dueños generales, coroneles y jerarcas de la dictadura stronista.
“Generales, coroneles del ejército paraguayo en la época stronista están acá en la lista, acompañados, dice, de ilustres ciudadanos paraguayos”, entre ellos, Manuel Duarte Pallarés, Victoriano Enrique Benítez Perrier, tío de Mario Abdo Benítez; Luis Antebi y Rufino Gorostiaga. Así también aparece el actual diputado Jatar Safuán (ex Cruzada Nacional), conocido como “Oso” Fernández.
“Parece un déjà vu de la sesión anterior, leyendo los beneficiados, estamos todos escandalizados. Resulta ser que había sido otra vez van a ser grandes jerarcas torturadores stronistas”, criticó.
El cuestionamiento principal de la senadora guarda relación con el artículo 2 de la propuesta legislativa, donde se estipula el pago de una indemnización a los propietarios del inmueble, cuyo monto iba a ser acordado entre los dueños y la Municipalidad de Ayolas.
Según el documento, los dueños del inmueble son el general Juan Manuel Careaga, coronel Adolfo Rossi Salinas, coronel Gerónimo Ventre, coronel Gilberto Arriola, general Alejandro Schreiber, coronel Pedro Fiore y otros.
Además, “por los reconocidos e ilustres civiles señores” Werner Augusto Ballasch, padre Juan Óscar Usher, Daher David Skaf, Juan Daniel Jure Sabe, Adolfo Lutfe Safuán (actual síndico), Vicente Gadea, Ricardo Torres Fretes (actual vicepresidente), Olegario Farres, Ernesto Bendlin y otros.
“Si nosotros accedemos a la expropiación, vamos también a acceder al punto 2 donde dice que el Estado debe indemnizar a los propietarios y, ¿qué pasa?, los propietarios son ilustres miembros de aquella nefasta dictadura stronista que ha dejado lágrimas y sangres de compatriotas”, expresó ante sus colegas.
Paredes lamentó que “en el 2023 tenemos que proceder a abonar a torturadores por supuestas tierras de las cuales ellos son propietarios. Nunca pagaron ni 1.000 guaraníes”, reclamó. “Todos los jerarcas multimillonarios de la República, de nuevo, ocupando tierras a orillas del río, porque no quieren luego tierras allá en Caazapá, distrito 3 de Mayo”, siguió cuestionando.
“Por respeto a la ciudadanía”, Paredes pidió a sus colegas rechazar el proyecto de ley para que vuelva a la Cámara de Diputados, pero con el título de propiedad. “No podemos hablar que en nombre del desarrollo municipal de Corateí estemos cometiendo una barbarie. Estamos hablando de personas multimillonarias que se han enriquecido a lo largo de los años a través de tierras públicas”, subrayó.
Por su parte, el proyectista, el senador Derlis Maidana, dijo que “creemos que con la aprobación de este proyecto el municipio de Ayolas tendrá la autoridad de hacer las mejoras necesarias”.
Señaló ante sus colegas que “si no expropiamos, van a seguir loteando ellos (por los propietarios) el Club de Pesca y es mejor aprobar este proyecto”. La Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales, cuyo presidente es el senador Basilio “Bachi” Núñez, aconsejó aprobar el proyecto de ley.
Finalmente, 22 de los 36 senadores presentes votaron por la aprobación en general, 10 por el rechazo y 2 abstenciones. La votación fue electrónica.
Mientras que en el estudio particular, la senadora Kattya González pidió que el artículo 2 sea modificado, quedándose en la redacción que “ningún pago podrá realizarse sin acuerdo de la Procuraduría General de la República, quien deberá establecer el monto, legitimidad del título y otros requisitos establecidos por la Constitución y las leyes”.
La modificación fue aprobada por la mayoría, por lo que el documento vuelve a la Cámara de Diputados para su análisis.
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