Sospechados de corrupción zafan del control público

Los intendentes de los distritos de Ñemby, Puerto Casado y Valenzuela zafaron de la intervención de sus respectivos municipios gracias al corporativismo legislativo instaurado en la Cámara de Diputados, con el pacto entre colorados y liberales por la impunidad. Tomás Olmedo, Hilario Adorno y Mirtha Valenzuela son los jefes comunales que están siendo investigados por hechos de corrupción y malversación; incluso uno cuenta con acusación fiscal. Quedan dos pedidos de intervención por analizar.

Con un pacto entre colorados y algunos liberales, fueron rechazados los pedidos de intervención a las municipalidades de Valenzuela, Cordillera; Ñemby, departamento Central; y Puerto Casado, de Alto Paraguay, durante la sesión ordinaria del pasado miércoles.

Los parlamentarios debatieron primero sobre la administración de Mirtha Fernández, de tinte liberal, en la Municipalidad de Valenzuela. Ya el titular de la comisión especial que analizó el caso, Freddy Franco (PLRA), adelantó que se optó por el rechazo. Alegaron que las obras denunciadas como fantasmas, sí existen.

Aunque los legisladores de oposición señalaron desprolijidades, como empedrados citados en los documentos que correspondían a diferentes lugares. Además, citaron el caso de un parque infantil construido en una propiedad privada, que la comuna sostuvo fue donada, pero no contaba con las documentaciones correspondientes.

Luego fue el turno de Puerto Casado. El intendente, Hilario Adorno, está en la mira por supuestos hechos de malversación y lesión de confianza. Inclusive, Adorno está imputado por la compra de una camioneta aparentemente con dinero público.

Finalmente, los diputados analizaron el caso del intendente de Ñemby, Tomás Olmedo, colorado. La comisión especial recomendó por el rechazo y una minoría de la misma por la aprobación.

DESTACADO | 🔴

A pesar de haberse renovado en una gran mayoría, diputados colorados y liberales reafirmaron el mote de la “Cámara de la Vergüenza” al salvar de la intervención a tres intendentes sospechados de graves perjuicios y corrupción.https://t.co/EzUaAndhLZ

— El Nacional (@elnacionalpy) September 15, 2023

¿De qué están siendo acusados los intendentes?

– Ñemby

En la comuna de Ñemby, el colorado Tomás Olmedo tiene la sospecha de malversación de millonarios montos del dinero de los contribuyentes locales.

Algunas acusaciones que apuntan a Olmedo guardan relación con obras de empedrados, que a pesar de que la licitación se abonaron G. 3.000 millones; transferencias irregulares a comisiones vecinales, por más de G. 4.000 millones, según la denuncia; atraso en el pago de la remuneración de los funcionarios municipales, entre otras presuntas irregularidades.

Así también, se denunció en el expediente que el jefe comunal hizo un llamado vía excepción por G. 1.300 millones para la iluminación del cerro Ñemby, que contemplaba la colocación de 21 columnas, pero solo se instalaron 10 y el resto, meses después, aparecieron en otros puntos de la ciudad.

Los ciudadanos autoconvocados vienen realizando una serie de manifestaciones en varios puntos de la ciudad contra el intendente, exigiendo transparencia y su inmediata denuncia, ya que “perdió legitimidad en el ejercicio de sus funciones”.

AHORA | 🔴

🔹Concejales de Ñemby piden que se intervenga la municipalidad, denunciando algunos supuestos delitos como duplicación de funcionarios, licitaciones amañadas, nepotismo y cobros irregulares millonarios que consumen todo el presupuesto de la ciudad.

Vía NPY 📺 pic.twitter.com/PvlG3AqYpl

— El Nacional (@elnacionalpy) June 16, 2023

Presentarán denuncia

La Contraloría Ciudadana del Municipio de Ñemby (CCMÑ) anunció la presentación ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal contra el intendente municipal de ese distrito, Tomás Olmedo (ANR), por supuesto mal desempeño de funciones y uso discrecional de los recursos de la municipalidad.

El vicepresidente del grupo contralor, Víctor Agüero, comentó que presentarán con abogados en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) para formular una formal denuncia contra el jefe comunal para una investigación penal.

“Con patrocinio de abogados vamos a presentar la denuncia ante la fiscalía general contra el intendente. Ya tenemos una carpeta con todos los antecedentes que dieron pie al pedido de intervención, como la licitación anulada por la Dirección de Contrataciones Públicas de más de 3.000 millones de guaraníes”, expresó Agüero.

– Valenzuela

Los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel, formularon acusación contra la intendenta reelecta de la ciudad de Valenzuela, Mirtha Elizabeth Fernández, junto con otras 14 personas, por supuesto desvío de fondos. Asimismo, se solicitó que la causa sea eleva a juicio oral.

Los fiscales formularon acusación ante el juez penal de Garantías, especializado en delitos económicos, José Agustín Delmás, a quien también solicitaron elevar la causa a juicio oral. Todos están acusados de lesión de confianza y otros.

En la causa están acusadas la intendenta de Valenzuela, Departamento de Cordillera, Mirtha Fernández Yegros, Cristhian David Flecha, Elvis Ramón Balbuena, María Liz Fleitas, Blásido Candia, Carlos Samudio, Aníbal Samudio, Sergio Flecha Fernández, Maglio Muñoz, Verónica Acosta, Silvia Acosta, Inocencio López.

En diciembre pasado, los fiscales ampliaron la imputación por más obras que no se habrían realizado. El perjuicio ascendería a G. 1.199 millones. En total son 10 las obras señaladas.

La Fiscalía sospecha que entre el 2019 y el 2020, la administración municipal, a cargo de Mirtha Fernández, habría desembolsado sumas de dinero correspondientes a fondos de royalties y Fonacide, en concepto de pagos por obras que no fueron ejecutadas en la realidad.

Se pudo corroborar también que la jefa comunal habría utilizado documentos no auténticos porque no reflejaban la realidad de las operaciones.

Acusan a intendenta de Valenzuela y otras personas tras millonario desfalco con recursos del Fonacide – https://t.co/k6ZhdLuPXg pic.twitter.com/6mSHSNFl8O

— El Nacional (@elnacionalpy) March 20, 2023

– Puerto Casado

Los diputados que integran la comisión especial también rechazaron el pedido de intervención de la Municipalidad de Puerto Casado (Alto Paraguay), por las sospechas de malversación de fondos por parte del intendente Hilario Adorno, de extracción colorada.

Entre los puntos que formaban parte del pedido de intervención, se encuentran el caso del desvío de fondos de la merienda escolar, correspondiente al periodo 2022-2023, así como deudas a varios comercios; y la construcción de una vivienda con dinero del municipio.

El pedido contaba con 105 hojas de libelo acusatorio, donde también destaca la supuesta compra irregular de una camioneta, hecho que incluso motivó una imputación del jefe comunal.

En cuanto a las denuncias de estafa, se señala que una sola empresa, por poner un ejemplo, fue perjudicada por una suma total de 300 millones de guaraníes, aproximadamente. Se trata del comercio “Grisel Comunicaciones”.

Concejales de Puerto Casado esperan que se apruebe intervención municipal – https://t.co/bTiBq4quBC pic.twitter.com/J534ghy4Ja

— El Nacional (@elnacionalpy) July 25, 2023

La camioneta

De acuerdo a la imputación, Adorno Mazacote adquirió de Nipon Automotores S.A., un vehículo de la marca Mitsubishi, L200 Tritón Sport modelo 2022, con fondos municipales, por un monto de G 325.589.600.

La entrega inicial era de G 50.000.000 -que fue pagado con un cheque de la Municipalidad- y el saldo en 48 cuotas iguales y mensuales de G 5.741.450.

De acuerdo a los datos, esta camioneta debía ser registrada a nombre del Ejecutivo municipal, sin embargo salió a nombre del propio Adorno. Con el fin de justificar esta compra, el jefe comunal sostuvo que se autoasignó un adelanto de salarios de los meses de marzo, abril y mayo (parcialmente), autorizándose a sí mismo la entrega de la suma de Gs. 50.000.000.

El jefe comunal está imputado por lesión de confianza y administración en derecho propio.

La camioneta Mitsubishi L200 año 2022, valuada en precios que van desde los USD 25.000. . Foto: Web.

Más pedidos de intervención

Actualmente quedan por estudiar otros dos pedidos de intervención; para los municipios de Tomás Romero Pereira, Itapúa y San José del Rosario, San Pedro. Para el caso del municipio de Tomás Romero Pereira, también por decisión de la Cámara, ya se integrará una comisión para su investigación.

Días atrás, el intendente de Tomás Romero Pereira (Itapúa), Hernán Rivas (ANR, HC), denunciado por lesión de confianza, estafa y asociación criminal, y su hijo, el polémico senador Hernán David Rivas (ANR, HC) se reunieron con el presidente de la ANR, Horacio Cartes, justo cuando está en proceso un pedido de intervención contra el primero.

Las sospechas de que se haya podido sellar el “blanqueo” son altas, teniendo en cuenta que se viene dilatando desde el pasado 5 de septiembre la resolución del presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, HC) sobre la integración de la Comisión Especial para analizar la intervención.

Es importante mencionar que es intendente de aquella localidad el Sr. Hernán Ysidro Rivas Román (ANR), cuya administración es cuestionada por un grupo de concejales que reprobó su balance y remitió la pertinente denuncia a la Fiscalía General del Estado.

La comisión especial, una vez instalada, tendrá la facultad de convocar a los concejales del municipio citado, como así también al intendente para indagar sobre las denuncias.

¿Cómo funciona el procedimiento de intervención?

El pedido de intervención por parte del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados se realiza en base a lo que dispone el artículo 3° de la Ley N° 317/1994, “Que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y/o a los gobiernos municipales”.

Esta reglamentación dispone que tras la conformación de la comisión especial, ésta emitirá un dictamen sobre las acusaciones y será, finalmente, la plenaria de Diputados que decidirá si concede o no su acuerdo para la intervención por parte del Poder Ejecutivo.

En caso afirmativo, el interventor, a ser designado por el Poder Ejecutivo, deberá elevar sus conclusiones a la Cámara Baja, en un periodo de 60 días, que se pronunciará por la destitución o no del funcionario electo.