El hecho fue criticado por Paraguay y sus vecinos de la región por tratarse un peaje unilateral “arbitrariamente establecido al margen del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra y otras disposiciones reglamentarias internacionales vigentes”.
Los gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay se unieron en un comunicado conjunto en el que solicitaron a la República Argentina el restablecimiento del libre tránsito y la libre navegación en la Hidrovía.