Abdo vetó ley que obliga a emblemas a publicar costos de combustibles

El presidente de la República, Mario Abdo, vetó por completo la ley que obliga a empresas privadas del rubro de combustibles y a Petropar a publicitar la estructura de costos del gasoíl tipo III. Incluso la normativa fijaría precios mínimos y máximos para su comercialización. La argumentación de las autoridades del Ejecutivo es que podría traer posibles efectos perjudiciales.

Abdo se pronunció ante la ley sancionada por el Congreso en el que los distribuidores del sector privado y de Petróleos Paraguayos (Petropar) deberán hacer públicos numerosos datos relacionados al gasoíl del tipo III. La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) fue una de las instituciones que analizaron la ley.Fundamentó su recomendación para el veto total en que si entra en vigencia, la normativa acarrearía algún que otro efecto perjudicial. Por ejemplo, que podría darse una indefinición de los sujetos obligados a remitir información.

Además de una distorsión en la competencia, que, a su vez, traería consigo el cierre de empresas que cuenten con costos operativos mayores a los de Petropar. El otro inconveniente según este decreto es que en el caso de empresas que son más eficientes, el proyecto de ley limitaría la baja de los precios que benefician a la población, ya que las reducciones de los costos no se trasladarían a los consumidores, enfatizaron.

La Ley y las publicaciones de estructura de costos

De acuerdo al texto aprobado, los distribuidores privados de combustible, al igual que Petropar, estarán obligados a publicar estructura de costos, que estará conformada por el costo internacional al cual fue adquirido el combustible derivado del petróleo (con el tipo de cambio), el premio o plus, los gastos de internalización que comprenden los costos de flete fluvial, seguro, servicio de valoración aduanera, honorarios de despachante, control e inspección y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Se incluirán los biocombustibles, inventarios, gastos operativos, y los demás que sean establecidos por la autoridad de aplicación, indica la legislación. Con este veto, la Ley 7.117/2023 vuelve al Parlamento.