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Política

Duarte Frutos: “Alguna vez los presidentes tienen que ser reelectos”

Nicanor Duarte Frutos. Foto: Gentileza. Archivo.

Nicanor Duarte Frutos. Foto: Gentileza. Archivo.

El exmandatario y actual titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, afirmó este lunes que alguna vez en Paraguay los presidentes del Poder Ejecutivo tienen que tener el derecho constitucional a presentarse a nuevos comicios y ser reelectos para el mismo cargo. Argumentó que muchos expresidentes se retiran jóvenes y con mucha experiencia, pero que no pueden continuar ejerciendo cargos políticos y representativos de relevancia por limitaciones jurídicas.

El director ejecutivo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, acompañó este lunes al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a la ciudad de Atyrá durante su jornada de trabajo en Cordillera. Allí se asignaron recursos por más de G. 7.800.000.000 para mejorar la salud pública en dicho departamento.

En el marco de un acto público, fueron inauguradas las obras de ampliación y refuncionalización del Hospital Básico de Atyrá, financiadas por la EBY, mediante una inversión de G. 6.383.557.515.

En un momento del discurso por la inauguración de los trabajos, Duarte Frutos expresó que en Paraguay “alguna vez” los presidentes tienen que ser reelectos. Cabe recordar que la Constitución Nacional de 1992 prohíbe la reelección de jefes de Estado.

“Yo creo que alguna vez los presidentes tienen que ser reelectos. Yo creo eso, porque los expresidentes en Paraguay se retiran jóvenes y con experiencia, y muchas veces por limitaciones políticas y jurídicas no se les permite seguir desarrollando su potencialidad. Yo por ejemplo, voy a morir siendo político”, declaró.

Duarte Frutos presidió el Paraguay desde 2003 hasta el 2008, siendo el último año de su mandato que declaró públicamente que buscaría la reelección presidencial mediante una enmienda constitucional. Lo mismo intentó hacer Horacio Cartes (2013-2018), quien agotó instancias políticas y legislativas para lograr una enmienda constitucional en marzo del 2017, hecho que derivó a un estallido social.

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