Los antecedentes que advirtieron sobre riesgos del voto electrónico

El debate sobre la legitimidad de las elecciones generales del pasado domingo 30 de abril sigue generando controversias tras la denuncia de supuesto fraude en las máquinas de votación. Esto desató todo tipo de interrogantes sobre la eficacia y transparencia que, en teoría, tendrían que proveer estas máquinas tecnológicas, como así también sobre las vulnerabilidades que poseen.

Paraguay, como Estado, concretó en el 2019 reformas importantes en su sistema electoral, como el desbloqueo de “listas sábanas” y la introducción del voto preferencial, como así también la aplicación de la tecnología en el método de depositar el voto. Este último aspecto fue duramente cuestionado en su momento por parlamentarios, referentes políticos, expertos en asuntos electorales y, principalmente, por una gran parte de la comunidad tecnológica que considera riesgoso el uso de la tecnología durante las votaciones por la posibilidad de vulneración.

Incluso, advirtieron que la implementación de estos equipos informáticos en los comicios podría vulnerar dos principios establecidos en la propia Constitución Nacional, específicamente los del secreto del voto y el escrutinio público.

Un análisis realizado por la organización no gubernamental Tedic relató experiencias, como la de la República Democrática del Congo (RDC) y otros países, donde se utilizó el sistema de urnas electrónicas con emisión de papeletas, pero con resultados que generaron muchas dudas sobre su legitimidad.

A pesar de todos estos argumentos, el Congreso Nacional, de la mano de legisladores del Partido Patria Querida (PPQ) como proyectistas, lograron que se apruebe y finalmente se promulgue el uso del voto electrónico.

Sin embargo, el debate sobre la factibilidad y conveniencias del uso de la tecnología como método de votación fue el centro de la atención ya en el 2006, cuando en el Congreso Nacional se trató un proyecto de ley que intentaba prohibir la utilización de máquinas para los sufragios, atendiendo todos los antecedentes negativos y desventajas que presentaba la herramienta.

Se trató del proyecto de Ley 834/96 “Que establece el Código Electoral Paraguayo y restablece la vigencia de varios artículos de la misma, y deja sin efecto la utilización de urnas electrónica en todo el territorio nacional”.

“Es de público conocimiento que el uso de urnas electrónicas, ha generado en la República del Paraguay un fuerte escepticismo y falta de credibilidad, que podría atentar contra la participación masiva de los electores en las votaciones, de seguir implementándose”, rezaba el fundamento del documento legislativo presentado por varios parlamentarios..

En vista las modificaciones sucesivas hechas a la ley electoral, en su momento, estos legisladores consideraron necesario evitar la confrontación o derogación tácita entre las mismas, “por la cual se hace imperiosa ajustar la normativa electoral, para evitar posible caos jurídico”, exponían.

“El mayor cuestionamiento radica en que el votante no tiene certeza sobre el sentido de su voto, sospecha de su probable manipulación electrónica; y que viola la Constitución Nacional porque el escrutinio no es público, sino secreto y efectuado por medios electromagnéticos que no pueden controlar los interesados, máxime si el famoso código fuente es secreto y está “bien” guardado en el Brasil”, ya señalaban en su momento los legisladores.

Finalmente, ante el amplio debate que ocupó todos los frentes de la opinión pública nacional y la fuerte presión al respecto, la Justicia Electoral terminó emitiendo una resolución que prohibía el uso de las máquinas electorales, por lo que este proyecto de ley fue enviado al archivo.