Corte aprobó nombramiento para 1.100 funcionarios judiciales

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizó este lunes una sesión extraordinaria para definirla situación de 1.110 contratados como funcionarios permanentes del Poder Judicial, dentro del marco del proceso de desprecarización.

La sesión del pleno no estaba prevista ni tampoco fue anunciada en la página web con su correspondiente orden del día, como se suele hacer, sino que se informó de su resolución minutos antes de su realización. Recordemos que el tema ya había sido planteado en la sesión ordinaria del pleno la semana pasada, pero no fue aprobado por oposición de los ministros Manuel Ramírez Candia, César Garay Zuccolillo, Eugenio Jiménez Rolón y Gustavo Santander Dans y un pedido de postergación realizado por Víctor Ríos Ojeda.

Tras destacar las gestiones iniciadas en junio del año pasado para el nombramiento de los 1.109 contratados seleccionados en el marco de la desprecarización, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, dio inicio a la votación.

El primero en dar su voto a favor fue el ministro Víctor Ríos, quien se explayó sobre la legalidad del procedimiento de desprecarización, destacó que la idoneidad de los contratados y contratadas está constatada y la necesidad de su aprobación.

El ministro Manuel Ramírez se ratificó en su postura contraria a la aprobación, por los mismos motivos señalados en la sesión anterior, es decir, por ser contraria a la igualdad en el acceso a la función pública, garantizada por el artículo 47 de la Constitución Nacional.

A su vez, el ministro Gustavo Santander explicó que la desprecarización ya se había aprobado anteriormente y por lo tanto era irreversible, pero destacó la importancia de eliminar este sistema de selección en el futuro. En ese sentido, destacó que el personal contratado es el más afectado en sus derechos laborales y, además, no está obligado a cumplir lo que se le impone desde el Congreso.

“Esta desprecarización ya se aprobó por el plenario de la Corte Suprema, que estableció un sistema de selección. Rever esto es imposible (…) Ninguno que no participamos podemos oponernos a eso. Lo que quiero sentar posición es que el futuro se termine con el tema de los contratos, porque los contratados son los que más son maltratados en el Poder Judicial. Primero, no se les paga el sueldo mínimo en algunos casos, se les viola sus derechos laborales, y segundo, tienen que mendigar cada año para que les renueven su contrato“, explicó Santander.

“Entonces, para el presupuesto del año que viene se deje ya sentada la postura de que la Corte ya no va a aceptar lo impuesto por el Congreso por el principio de la autarquía presupuestaria. Ellos no nos pueden imponer a nosotros cómo tenemos que gastar los recursos que nos asignan”, agregó.

A su turno, el ministro César Garay Zuccolillodestacó que en la sesión anterior se opuso debido a que no contaba con suficiente información sobre los beneficiados. Relató que el viernes le hicieron llegar la documentación correspondiente y la estuvo revisando durante el fin de semana pasado y, tras constatar que condice con la propuesta a ser tratada, dio su voto a favor.

A su vez, la ministra María Carolina Llanes destacó que los procesos de desprecarización están establecidos en la ley y la importancia del trabajo realizado por los contratados.

“Eso me hace ruido”, insistió a su turno el ministro Eugenio Jiménez Rolón, tras aclarar que, si bien no está de acuerdo, no se opuso realmente porque la ley no ha sido declarada inconstitucional y por este motivo, debe ser respetada.

Por su parte, Alberto Martínez Simón destacó que la ley correspondiente no ha sido declarada inconstitucional y, por ende, debía ser cumplida. Asimismo, destacó la importancia de dar continuidad al proceso referido, en cumplimiento de un convenio suscripto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referente al respeto de los derechos laborales.

Luis María Benítez Riera se ratificó su postura favorable a la aprobación, al igual que Diesel y destacó que varios de los beneficiados tienen 14 y 17 años de trabajo inclusive en el Poder Judicial.