Diputados concluyen que no hay “peros” para que CGR audite binacionales

La Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos de la Cámara Baja, presidida por el diputado Fernando Oreggioni (PLRA), llevó a cabo una audiencia pública denominada “Auditoría a los entes binacionales. Las binacionales tienen que ser auditadas”.

Al hacer una evaluación de la jornada, el diputado Oreggioni, detalló que existió coincidencia, entre los disertantes, en el sentido que no existe impedimento alguno para que puedan realizarse auditorias a los entres hidroeléctricos binacionales.

Recordó, sin embargo, que la posibilidad de auditorías por parte de la Contraloría General de la República a los entes binacionales, establecida en una ley especial (Ley 6763/2001) se había recurrido a la Corte Suprema de Justicia, para impedir el procedimiento.

“Atendiendo a esta situación decidimos hacer una evaluación, precisar las leyes que existen y plantear como resolver esta cuestión. La Corte Suprema de Justicia tiene que rechazar la inconstitucionalidad planteada por ambos directores (Itaipú y Yacyretá), porque no corresponde. Sostengo que un déficit de la clase política con el pueblo paraguayo son las auditorias con los entes binacionales”, recalcó el legislador.

Por su parte, el diputado Avalos Mariño, mencionó que, constitucionalmente, la Contraloría General de la República, tiene la facultad y potestad de poder llevar adelante el control en las binacionales.

“Esta potestad constitucional establecida en los artículos 281,282 y 283, esta reforzada por la Ley 6763/2001 (Que dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 281, 282 y 283 numerales 1) y 4) de la Constitución Nacional); inclusive faculta a la CGR a recurrir a organismos jurisdiccionales para allanamientos en caso de negativa.

Tarifa de costo de Itaipú

Por otro lado, el diputado Oreggioni demostró su preocupación por la decisión adoptada de establecer el costo final de la tarifa en USD. 16,75 por cada megavatio vendido a las empresas de ambas márgenes.

“Hay que señalar esta situación va a dejar unos USD. 800.000.000 para ser utilizado como Gastos Sociales. Imagínense 400 millones de dólares en forma discrecional en un año electoral es terrible”, sentenció.

El evento contó con la ponencia de destacados invitados como el Dr. Camilo Benítez Aldama, contralor general de la República; Hugo Estigarribia, constitucionalista y exsenador; Miguel Abdón Saguier, constitucionalista y también exsenador.

Además, expuso el diputado, Jorge Ávalos Mariño, exdirector general de Asuntos Jurídicos y actual presidente de la Comisión de Legislación y Codificación; así como el excontralor general de la República, Octavio Airaldi; entre otros.