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Vergüenza: colorados se abroquelan para salvar a Bogarín

Jorge Bogarín, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Foto: JEM

Jorge Bogarín, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Foto: JEM

Colorados oficialistas y cartistas se están abroquelando en fuerza política para salvar del juicio político a Jorge Bogarín, miembro del Consejo de la Magistratura y catalogado por los Estados Unidos como “significativamente corrupto”. Una vez más, diputados de la Asociación Nacional Republicana (ANR), en plena época electoral, apostarán por la impunidad de quien está acusado de haber influenciado en procesos judiciales y en mal desempeño de funciones.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja emitió ayer dos dictámenes, en mayoría por el rechazo del juicio político contra Jorge Bogarín Alfonso (ANR, HC) por una “cuestión política”, mientras que en minoría los opositores sugieren la aprobación. Esto ratifica que, posiblemente este lunes próximo, los colorados una vez más salvarían al cuestionado y señalado como “significativamente corrupto” por Estados Unidos.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputada Rocío Vallejo (PPQ), informó que la mayoría colorada dictaminó por el rechazo del libelo acusatorio contra el miembro del Consejo de la Magistratura en representación del gremio de abogados, Jorge Bogarín Alfonso, uno de los declarados “significativamente corruptos” por Estados Unidos.

“El dictamen, que es por el rechazo del libelo acusatorio (contra Jorge Bogarín Alfonso), firmado por los diputados Jazmín Narváez (ANR, oficialista), Carlos Núñez Salinas (ANR, oficialista) y Walter Harms (ANR, HC). Otro dictamen que es por la aprobación, firmado por Jorge Ávalos Mariño (PLRA) y mi persona (Vallejo), y la diputada Rocío Abed (ANR, HC) se abstuvo en la votación”, indicó.

Ayer, en mesa directiva se acordó que posiblemente se trate el próximo lunes 24 el juicio político, aunque aún se aguarda que el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA), emita la resolución de convocatoria oficial a extraordinaria a tal efecto.

De todos modos, la votación en comisión ya da indicios de que una vez más los colorados salvarán a un cuestionado de su partido por una “posición política”, pese a que existen fuertes fundamentos para la aprobación, sobre todo el caso del fiscal Jorge López Lohman, a quien echaron de la Fiscalía por “osar” investigar al amigo de Bogarín Alfonso, el también declarado “significativamente corrupto” actuario judicial Vicente Ferreira Rodríguez.

“No hubo mucha discusión en realidad, sino que manifestaron su posición política al momento y que harían un mayor uso de la palabra al momento de tratarse esto en la plenaria”, comentó Vallejo sobre el argumento de los colorados, que son 43 diputados, y para la aprobación se necesita mayoría absoluta (53 votos en el caso de estar los 80 presentes).

Impunidad

Ante el panorama evidente de falta de votos para que prospere el juicio político, la diputada Vallejo dijo estar en contra del tratamiento si es que no tiene los votos, ya que sería un nuevo “blanqueo” a un cuestionado personaje.

“Tenemos que evaluar bien porque yo no quiero ser parte del blanqueo a este señor; parte de un blanqueo yo no voy a ser. Ahora, si ellos dicen ‘estamos todos de acuerdo, tenemos quorum y votos para blanquear’, que lo hagan ellos como hicieron ya la vez pasada con (Antonio) Fretes”, dijo Vallejo.

Hay que recordar que durante este periodo legislativo (2018-2023) los colorados y algunos satélites han frenado cualquier intento de juicio político contra cuestionados funcionarios, entre los que destacan la ex fiscala general del Estado Sandra Quiñónez y el exministro de Corte, Antonio Fretes, así como intervenciones a varios intendentes y gobernadores.

“Si no hay los votos, hay que ser cautos con el tratamiento. Si no hay votos, no podemos pedir el tratamiento. ¿Para qué? ¿Para blanquearlo? Probablemente, ellos van a pedir y nosotros vamos a retirarnos, pero basta de blanquear personas que no pueden representarnos en organismos tan importantes”, afirmó.

Acusaciones

La primera acusación contra Bogarín es por mal desempeño de funciones, por no haberse excusado de entender el enjuiciamiento del fiscal Jorge López, a pesar de estar estrechamente ligado al denunciante, Alfredo Andrés Ferreira, por amistad personal y pública.

Fue en un caso como preopinante y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que, teniendo la obligación legal de hacerlo, no lo hizo, expresa el documento. Recordemos que esta acusación está enmarcada en la causa por un caso de abuso sexual que se encontraba a cargo del fiscal Jorge López, en el distrito de San Pedro del Ycuamandiyú.

La segunda acusación también gira en torno al mal desempeño de funciones por no haberse excusado a pesar de tener la obligación legal de hacerlo. En esta oportunidad trata de un caso del último concurso por un cargo en la Corte Suprema de Justicia con relación al postulante, Marco Aurelio González. El nombrado postulante, dice la acusación, es amigo personal y ha sido jefe de su campaña electoral para las elecciones de representantes del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura.

“Sin embargo, en este caso tampoco se ha inhibido, al contrario, al momento de proponer a postulantes ha nominado, obstinadamente, en sucesivas rondas de votación al postulante González para la integración de la terna de candidatos para ministro de la Corte Suprema de Justicia”, expresa.

Alega que, claramente, ha demostrado la contaminación del proceso y la falta de decoro y honestidad ante la presencia de una clara causal de inhibición.

La tercera causal esgrimida en el libelo acusatorio es mal desempeño por enriquecimiento sin causa y declaración falsa.

El documento relata que el Dr. Jorge Bogarín ha sido funcionario casi toda su vida y que los detalles de sus ingresos permiten una mayor trazabilidad a través de los datos públicos disponibles. Alega que también pueden ser cotejadas con las declaraciones juradas de bienes y renta presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR), las cuales se agregan como prueba documental.

“En ese sentido, conforme al análisis de sus ingresos como funcionario público y docente, tomando como muestra el periodo que abarca 16/04/2020 al 23/12/21, se denota que su crecimiento patrimonial no se corresponde con los ingresos percibidos, aún en el supuesto extremo de haber ahorrado sus diversos salarios de manera íntegra”, expresa.

La cuarta causa habla de mal desempeño por cobro indebido de honorarios, específicamente, por percibir salario como docente de la Facultad de Derecho (UNA), sin cumplir con las horas asignadas, coincidiendo su horario de trabajo como docente con todas las sesiones ordinarias del JEM y otras actividades desarrolladas por el mismo y publicadas en sus propias redes sociales.

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