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Reguladas por desidia estatal, el calvario eterno

En el área metropolitana, la ciudadanía vive un calvario diario por prolongadas esperas de colectivos para intentar llegar a destino. Foto: ABC TV

En el área metropolitana, la ciudadanía vive un calvario diario por prolongadas esperas de colectivos para intentar llegar a destino. Foto: ABC TV

El factor principal de indignación ciudadana esta semana fueron las reguladas de las empresas de transporte púbico de Asunción y el área metropolitana, con miles de pasajeros varados en las calles esperando durante horas para abordar a un bus que los lleve a destino, ya sea para trabajar, estudiar o pernoctar. Esta situación de desidia generó débiles respuestas y soluciones “parche” por parte del Gobierno, manteniendo una mirada dócil sobre los empresarios que incurren en estas criminales prácticas que solo golpean a la población.

Durante la jornada del viernes se llevó adelante una marcha ciudadana en el microcentro de la capital que tuvo como punto de partida la plaza de la Democracia, a las 17:00, y como punto final la sede del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), donde se ubica el Viceministerio de Transporte.

El inaceptable funcionamiento del servicio de traslado público de pasajeros motivó a la ciudadanía a no permanecer inmóvil y a manifestarse desde hace varios días a través de diferentes medios de comunicación.

Tras los reclamos por las constantes reguladas, el Gobierno decidió aumentar las multas a las empresas de transporte que incumplan en el servicio y, además, anunció la implementación de vehículos gratuitos en el área metropolitana en horarios de mayor demanda. En tanto, las autoridades siguen negando que haya reguladas.

El jefe de Gabinete de la Presidencia, Hernán Huttemann, señaló el pasado jueves que como primera medida en el corto plazo decidieron poner a disposición de la ciudadanía 60 vehículos de varias entidades, como la Itaipú Binacional, la Entidad Binacional Yacyretá, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para colaborar con el servicio.

Además, informó que el Viceministerio de Transporte decidió emitir una resolución por la cual se aumenta el monto de las multas para las empresas transportistas ante el incumplimiento del servicio en Asunción y el área metropolitana.

Sanciones

Al respecto, el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, explicó que ahora las sanciones, de estar por los G. 1.600.000, pueden ascender a los G. 5 millones por día y alegó que, en caso de no pagar la multa, también se exponen a no cobrar el subsidio.

No obstante, en todo momento evitó reconocer que existe una regulada en el sistema. Reiteró que lo que ven es una “saturación” en el servicio por una “sobredemanda” de pasajeros.

Sostuvo que se está trabajando al respecto y que mensualmente el análisis que realizan arroja que “solo algunas empresas” incumplen en algunas franjas horarias, pero que son multadas. Dijo que se trata de firmas que no están adheridas al subsidio estatal, pero evitó especificar cuáles serían.

Alegó que los datos del Centro de Monitoreo arrojan que la cantidad máxima de buses que operan en la zona durante el día son 1.400, mientras que en los horarios pico supuestamente se llega a alrededor de los 1.200, por encima del 90 %, intentando nuevamente negar la regulada.

Solución no funcionó

A pesar de las diligencias adoptadas por las autoridades, las reguladas se siguieron sufriendo durante los últimos días y los propios usuarios del servicio denunciaron que los buses del Gobierno puestos en funcionamiento no solo no dieron abasto, sino que realizaron paradas inexactas y sin la cartelería necesaria para que puedan ser usufructuados de manera correcta.

Por su parte, la diputada Kattya González anunció que presentará un proyecto de resolución para anular de forma temporal el subsidio a las empresas del transporte público hasta que se regularice esta problemática que afecta a miles de trabajadores.

Sin embargo, el titular del Viceministerio de Transporte alegó que esto solo terminaría “castigando” a los usuarios, porque el costo del pasaje ascendería aproximadamente a los G. 5.500 para el servicio diferencial y en G. 4.600 para el convencional.

Los montos de la tarifa técnica y el subsidio para octubre y noviembre de 2022 se incrementaron. A pesar del pésimo servicio que se ofrece y como el pasajero sigue abonando el mismo precio, la ayuda estatal también se elevó.

Piden que la Fiscalía investigue

A su vez, la senadora Esperanza Martínez y el arquitecto Ricardo Meyer, candidatos por el Frente Guasu Ñemongeta, pidieron al Ministerio Público que investigue de oficio las reguladas del transporte público.

Los citados actores políticos presentaron un pedido al fiscal general Emiliano Rolón para que indague de oficio la situación de regulada del servicio de transporte público.

Esto, con base en el artículo 218 del Código Penal, que expresamente habla de la perturbación de la prestación de servicios públicos. El pedido es patrocinado por el abogado Fernando Paredes.

“Creemos que esta práctica de la regulada siempre ha quedado impune, no solo por las tardías para llegar al trabajo o a casa. Un joven que espera dos a tres horas está expuesto a la violencia urbana, a los asaltos, a los chespis”, manifestó la senadora.

Asimismo, indicó que las reguladas tienen que ver con la perturbación de un servicio que tiene que ser un derecho ciudadano y deben ser investigadas para que dejen de quedar impunes de manera permanente. “Cuando los dueños de las empresas de transporte quieren un aumento, un favor del Gobierno, que lo han tenido históricamente, recurren a estas medidas”, sostuvo.

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